MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
La directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, María Jesús Rodríguez de Sancho, ha asegurado que “el despliegue de las renovables a máxima velocidad no puede relajar ni suavizar las garantías de protección ambiental”, en particular en las áreas de la Red Natura 2000.
En una entrevista con Europa Press, Rodríguez ha defendido que esta es la postura que España mantiene en el seno de la Unión Europea y que ha motivado “discrepancias” entre los distintos Estados miembro, sobre todo por parte de países como Alemania o Dinamarca, afectadas en mayor medida por la dependencia energética del exterior derivada de la guerra en Ucrania y que están promoviendo que estas garantías “se vean suavizadas”.
Así, la directora general ha advertido sobre la importancia de la biodiversidad para España con un conjunto de áreas protegidas “bastante importantes y numerosas”, tanto terrestres como marinas pero que habrá que extender, sobre todo las marinas, para llegar desde el 12 por ciento actual hasta el 30 por ciento de aquí a 2030, un reto que forma parte de los acuerdos de la XV Cumbre de Biodiversidad recientemente celebrada en Canadá.
En ese sentido, ha afirmado que el nuevo Plan Estratégico de Biodiversidad 2030, aprobado este 27 de diciembre en el Consejo de Ministros, recoge la Estrategia Europea de Biodiversidad y los acuerdos de la Cop15 de Canadá pero con objetivos ambiciosos para frenar las principales amenazas que sufre esta sufre.
En su diagnóstico, ha precisado que los peores problemas de los que adolece la biodiversidad se han intensificado por los cambios del uso del suelo, los incendios forestales, la sobrexplotación de los recursos, la desertificación, la degradación del suelo, el cambio climático, la contaminación, las especies invasoras o el comercio ilegal de especies. Por ello, ha afirmado que tanto la nueva estrategia como los planes aprobados a lo largo de 2022 buscan incluir en “todas las políticas sectoriales” la conservación de la naturaleza.
En ese ámbito, confía en que si se logra proteger el 25 por ciento de la superficie marina en 2025 y el 30 por ciento en 2030, junto con las superficies terrestres protegidas se estará “en mejores condiciones” para frenar la pérdida de biodiversidad. Para ello, considera preciso poner en marcha medidas para reducir el uso de productos peligrosos, como los pesticidas y fertilizantes; erradicar especies invasoras como el visón americano a través de un cierre progresivo de las granjas de aquí a 2030 o frenar el comercio ilegal de especies.
Además, la extensión de la protección ambiental se extenderá a otras áreas ya que ha indicado que el Gobierno está trabajando para aumentar los ecosistemas marinos protegidos, siempre que esté de acuerdo la población y, por ello, ha asegurado que si la comunidad local lo promueve, el Parque Nacional de El Hierro podría quedar declarado en 2023.
Otra de las cuestiones clave para proteger la biodiversidad que ha quedado incluido en el Marco Global de la COP15 de Montreal en diciembre es la necesidad de proteger a los polinizadores cuyo declive es un “problema asumido a nivel mundial” pero además, la directora general considera que cuanto más alimentos sea posible producir sin estos tóxicos más se ha avanzado.
No obstante, ha asegurado que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico trabaja con el departamento de Agricultura, Alimentación y Pesca en este sentido tanto en favor de la biodiversidad terrestre como la marina. “Tenemos que ser capaces de transmitir la idea de que la conservación de la biodiversidad es necesaria para la actividad económica y que a largo plazo, la biodiversidad es un activo en sí misma”, ha defendido.
En cuanto al incremento de la sensibilidad de las personas hacia los animales, la directora general se ha referido a la tramitación de la Ley de Bienestar Animal que se tramita en el Congreso de los Diputados y que recoge condiciones y requisitos para la cría en cautividad de cetáceos que se podrá seguir permitiendo siempre ligado a actividades de investigación y conservación. “Regulamos la actividad y no choca con la ley de bienestar animal que se promuevan actividades de conservación y se aseguren las condiciones mínimas de cautividad”, ha afirmado.
LOBO, IGUAL COMPENSACIÓN DE DAÑOS EN TODA ESPAÑA
Otra especie protegida, que se incluyó en 2021 en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) es el lobo. A este respecto, Rodríguez de Sancho ha argumentado que “después de todo el conflicto”, a finales de julio de este año la Conferencia Sectorial aprobó la Estrategia del Lobo aunque admite que “todavía no ha transcurrido el suficiente tiempo para ver los efectos de esta estrategia.
Además, ha recordado que ya se ha articulado la transferencia de todos los fondos asociados a la estrategia tanto para medidas compensatorias como para las preventivas en explotaciones ganaderas.
“Hasta ahora no se ponían medidas preventivas porque se apostaba por la eliminación de ejemplares. Nosotros tratamos de establecer medidas preventivas y cuando estas no sean posibles, o incluso con ellas, por supuesto, indemnizamos” ha asegurado, la directora general que celebra que además, todos los ganaderos dispondrán de indemnizaciones semejantes porque las cuantías se han distribuido teniendo en cuenta las cabañas ganaderas.
PROBLEMA GLOBAL
Por otro lado, para Rodríguez de Sancho biodiversidad, cambio climático y desertificación son caras de la misma moneda que surgieron de la Cumbre de Río de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible pero que han seguido caminos diferentes a pesar de que están “íntimamente interrelacionados”.
Por ello, ha manifestado la importancia de determinar todas las interrelaciones para que la lucha contra el cambio climático no perjudique a la biodiversidad y a la lucha contra la desertificación. “La triple crisis ambiental declarada por la ONU: Cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación tienen que abordarse conjuntamente y no de manera separada”, ha insistido.
En otro orden de cosas, la directora general ha lamentado las cerca de 270.000 hectáreas quemadas este año en los incendios en España, una cifra que califica de “excepcional” que se debe a varias causas: el abandono rural, la dejación en la gestión de las masas forestales, pero este año, además, por ser el año más cálido de la serie y que llevó a muchos de los fuegos a quedar fuera de la capacidad de extinción.
En ese contexto, ha dicho que el Gobierno está ahora trabajando para implantar el Real Decreto de Medidas Urgentes contra incendios forestales aprobado el pasado mes de julio y, al respecto, ha subrayado que las comunidades autónomas deberán presentar a lo largo de este nuevo año un Plan anual de incendios que abarque todo el territorio y para todo el ejercicio.
En definitiva, ha afirmado que en este último mes de diciembre el Consejo de Ministros ha aprobado normativa destinada a mejorar la protección del medio ambiente, como la Estrategia forestal española; la Estrategia de aves esteparias; el plan estratégico de humedales; el plan director de áreas marinas, entre otras. “El trabajo de este año sienta las bases para una biodiversidad bien conservada y gestionada para que no solo nuestros hijos sino nosotros mismos podamos disfrutar de ella”, ha concluido.
“Debemos ser capaces de demostrar que detrás de esa idea de que la conservación de la biodiversidad no es en sí misma una limitación, sino que es la base para poder desarrollar la actividad pesquera y agrícola. A medio y largo plazo, la protección de la biodiversidad supone una garantía de futuro”, ha concluido.
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