Las emergencias de Protección Civil dejaron más de 30.000 evacuados por incendios, 6 fallecidos y 90 heridos en 2022
MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
El director general de Protección Civil y Emergencias, Leonardo Marcos, confía que la norma básica del sector esté aprobada en el primer semestre de 2023, después de un año en el que más de 30.000 personas fueron evacuadas durante 2022 a consecuencia de los incendios forestales, una cifra nunca antes alcanzada y que supera con creces la media anual de evacuados, que está entre 1.000 y 1.500 personas al año.
En una entrevista con Europa Press, Marcos considera que “sin duda”, esto es “lo peor” que ha ocurrido en materia de Protección Civil a lo largo del año pasado, que también dejó 6 fallecidos y 90 heridos. “Lo peor ha sido el elevadísimo número de evacuaciones preventivas, 30.000, durante el verano, pero lo mejor ha sido el alto grado de consenso entre todos los actores del sistema de protección civil y su esfuerzo para planificar las actuaciones hasta 2035. Cuando hay una campaña tan compleja, todos necesitamos de todos”, ha destacado.
Así, el director general de Protección Civil y Emergencias ha repasado el año que comenzó con el fin de la emergencia derivada de la erupción del volcán de La Palma en 2021 y que aún se mantiene en nivel 1, centrado en la fase de recuperación. Al respecto, ha indicado que en 2022 se puso fin a al emergencia de La Palma, la más larga, y se ha abonado 39 millones de euros en ayudas de emergencia inmediatas, un 70 por ciento más respecto al año anterior.
Pero sin duda, para Marcos “lo peor” de este año ha sido la campaña de incendios que ha tildado de “inusitada” no solo por el número de hectáreas calcinadas sino por las evacuaciones. “Nunca se había evacuado a tantas personas, 30.000, todas ellas con carácter preventivo”, ha precisado Marcos, que considera que cada vez hay más amenaza para la seguridad de las personas.
Para dar cuenta de la magnitud de la cifra, ha recordado que en la emergencia del volcán de La Palma se evacuó a 3.000 personas y que la media anual nacional de evacuaciones es de entre 1000 y 1.500 personas. “Este año se han batido todos los récord”, ha incidido el director general, que lamenta que los incendios dejaron también 4 fallecidos, en Zamora y en Andalucía y 90 heridos, la mayoría intervinientes en extinción.
En ese sentido, ha recordado que la Unidad Militar de Emergencias (UME) fue movilizada en dos inundaciones y en 53 incendios, cuando lo normal en un año son entre 12 y 14 movilizaciones.
Dentro de las “grandes intervenciones” del año, Marcos se ha referido a las 200 evacuaciones hospitalarias desde Ucrania, lo que sitúa a España como el segundo país, por detrás de Alemania (500 evacuados) que más ucranianos ha trasladado a sus hospitales. En total en este momento hay 189 ucranianos en hospitales de toda España, la mayoría con tratamientos oncológicos, otras dolencias complejas o bien heridos directos de la guerra.
2.500 MILLONES DE EUROS EN PÉRDIDAS Y DAÑOS
En términos generales considera que el número de afectados por emergencias de protección civil en España es relativamente limitado, pero aún así, ha lamentado el fallecimiento de 4 personas en incendios y de otras dos en inundaciones. Además, ha cifrado en unos 2.500 millones de euros de media del decenio del coste económico anual de las catástrofes en España y de ellos, con creces el riesgo que más daños produce son las inundaciones.
La cifra estimada es la primera del barómetro de catástrofes puesto en marcha entre Protección Civil y Fundación Aon España y Marcos celebra que por fin se esté poniendo en marcha un sistema de información estadística en esta materia. Precisamente, ha anunciado que a este mismo mes de diciembre la Unión Europa ha concedido a España 700.000 euros para poner en desarrollar un sistema estadístico de emergencias que Marcos espera tener definido más o menos en mayo de 2023.
Entre los hitos de 2022 para la Dirección General de Protección Civil ha dicho que este ejercicio ha sido “muy especial” porque se han puesto en marcha dos tecnologías, la AML, que permite geolocalizar a quien llame al 112 para su atención y el sistema ESALERT, cuyas pruebas comenzaron en el mes de julio y que consiste en que los usuarios de teléfono móvil recibirán un aviso cuanto estén en un emplazamiento afectado por algún riesgo de Protección Civil.
Así, ha indicado que la implantación de ESALERT será progresiva a lo largo de 2023 para su aplicación en todas las comunidades autónomas así como en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. A ese respecto, ha indicado que este mismo 29 de diciembre se ha firmado el escrito de habilitación para su aplicación en la Comunidad Valenciana.
“Tendrá que pasar mucho tiempo para encontrar otro hallazgo tecnológico como estos”, ha celebrado el director general que detalla que los mensajes que llegarán a los móviles se emiten en dos o tres idiomas: español, inglés y la lengua cooficial, aunque el sistema está preparado para hacerlo hasta en cinco idiomas.
En todo caso, confía en que en 2023 se podrá lograr la plena accesibilidad del 112 para las personas con discapacidad auditiva y para las comunidades autónomas crearán un grupo de trabajo para tener todo preparado antes de que a mediados de año esté aprobada en Bruselas la nueva Directiva Europea. La idea del grupo de trabajo será unificar las distintas aplicaciones móviles en una sola.
Por otro lado, ha incidido en que después del Año de la Autoprotección en este año que termina, 2023 ha sido declarado el Año de la Cultura Preventiva, que ahonda en la importancia de reforzar la auto-protección como gran reserva de capacidad y llevarla al ámbito educativo.
Entre las iniciativas que se desplegará a lo largo de 2023 será el Plan Horizonte de 2035 que fue aprobado el 24 de octubre y que llega en un momento de “bastante madurez” para el sistema de protección civil. El plan incluye la primera estrategia local para cuatro años de Protección Civil a la que se han comprometido “todos” los actores. Sin embargo, hasta ahora apenas 1.500 municipios tiene registrado su plan.
Finalmente, durante 2023 se empezará a instalar la nueva señalética para los municipios costeros contra el riesgo de maremotos, una situación que podría llegar a amenazar a Canarias y a la costa atlántica andaluza principalmente.
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