MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
La vicepresidenta primera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha adelantado este lunes que tiene previsto reunirse, junto con el ministro de Consumo, Alberto Garzón, con las asociaciones de consumidores y la gran distribución, con el objetivo de que alcancen un acuerdo entre ellos para fijar una cesta de la compra “básica, absolutamente legal y que no vulnere el derecho de la competencia”.
Se trataría, según la vicepresidenta segunda, de fijar una serie de productos –entre 20 o 30– que se garanticen a la ciudadanía. “No se trata de una ley, es un acuerdo y no vulnera el derecho de la competencia”, ha explicado Díaz en declaraciones a los medios a su llegada al acto de bienvenida que ofrece el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, con motivo de su toma de posesión.
“Lo que proponemos es que alcancen un acuerdo entre ellos y fijemos una cesta de la compra básica, absolutamente legal y sin vulnerar el derecho de la competencia, y fijemos una serie de productos, entre 20 o 30, que le garanticemos a la ciudadanía”, ha explicado la vicepresidenta.
Según la vicepresidenta, la alimentación está siendo un enorme problema para el país hoy y no solo para la ciudadanía, sino también para los pequeños y medianos productores en nuestro país. Además, ha alertado de que los ciudadanos no solo están perdiendo poder adquisitivo, sino que también están sufriendo dificultades para mantener una alimentación sana.
Díaz ha recordado que ya se ha planteado un precio máximo a la bombona de butano porque se entendió que era un momento absolutamente excepcional. “Estamos en guerra, estamos por desgracia en una crisis y tenemos una inflación del 10,4%”, ha argumentado la ministra de Trabajo.
PLANAS DESCARTA UN IMPUESTO A LA DISTRIBUCIÓN
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en una entrevista a Europa Press, descartó imponer un impuesto al sector de la distribución, pero le pidió responsabilidad para que el alza de los precios sea “lo más limitada posible”, al tiempo que consideró que fijar un precio mínimo en bienes y productos de alimentación esenciales no es posible legalmente, ni tampoco “deseable”.
Sobre la posibilidad de un gravamen a la distribución, tal y como ha reclamado su socio de gobierno Unidas Podemos, Planas afirmó que los impuestos aplicados al sector financiero y energético “están llenos de lógica”, si bien no es el caso de la distribución.
“No creo que sea el caso, en estos momentos, de la distribución, al menos hasta ahora, quiero decir que todos los elementos de la cadena, incluida la distribución, se han comportado de forma correcta. Espero lo haga en un inmediato futuro también”, señaló el ministro de Agricultura.
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