MADRID, 20 (SERVIMEDIA)
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, participó este jueves en la primera reunión de la Comisión Internacional de Expertos y Expertas de Alto Nivel sobre la Democracia en el Trabajo, integrado por 13 académicos, a los que dio de plazo hasta septiembre para presentar sus conclusiones.
“Su objetivo es tener un mandato constitucional. Este trabajo no va a quedar en un cajón, va a ver la luz, y lo vamos a materializar en una ley de democracia en la empresa”, aseguró Díaz tras la reunión.
Esta nueva Comisión responde a uno de los puntos del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar, en el que se hablaba de abordar “el artículo 129 de la Constitución y en el marco del diálogo social” e impulsar desde el Gobierno “una participación más eficaz de las trabajadoras y trabajadores en el ámbito de sus respectivas empresas”.
Díaz señaló que España tiene “una deuda” con la Constitución en lo que respecta a ese artículo y lamentó que el hecho de que el país “llegara tarde a la democracia” afectó “bastante en la construcción del Estado del bienestar y en la llegada de la democracia a las empresas”.
El Ministerio de Trabajo busca ahora revertir esa situación y “modernizar España y las empresas”, como una forma de reducir también la desigualdad.
La vicepresidenta segunda defendió que en medio de un contexto de “oligopolios tecnológicos” resulta urgente esta “incorporación del talento en la toma de decisiones”.
Para Díaz, esta situación obliga a la “construcción y reescritura de un contrato social que tenga en el frontispicio la democracia en materia económica”.
“Está en juego el modelo económico y lo que queramos ser en el futuro. ¿Qué empresas queremos en nuestro país? ¿Empresas de salarios bajos o de alta implicación a través del talento? ¿Empresas ‘low cost’ o basadas en la innovación y los retos que tenemos? ¿Empresas dedicadas a la especulación, a engrosar dividendos y beneficios o empresas dedicadas a la producción? ¿Empresas despóticas o democráticas?”, subrayó.
En el acto también intervino la presidenta de esta Comisión, la profesora Isabelle Ferreras, de la Universidad Católica de Lovaina, que explicó que estos expertos “trabajarán conjuntamente en un informe que apoye la determinación del Gobierno de España y que ayude a la sociedad española a aprovechar ese inmenso potencial que reside en el trabajo diario”.
La Comisión se reunirá dos veces al mes e iniciará sus trabajos con una fase de diagnóstico de la situación democrática en la empresa española y también del entorno, para después aportar propuestas al Ministerio de Trabajo.
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