MADRID, 23 (SERVIMEDIA)
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, defendió este jueves el diálogo social y los acuerdos en ese espacio después de que la Confederación Española de Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) le haya pedido “la máxima consideración y respecto” por el diálogo social y los empresarios.
Durante la firma de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo de 2023-2027, en la que estuvieron los máximos responsables de las patronales CEOE y Cepyme y de los sindicatos CCOO y UGT, el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, aprovechó su intervención para pedir a Díaz que en los próximos meses tenga “la máxima consideración y respeto por el diálogo social y por la empresa, que lo está pasando muy mal al igual que los trabajadores”.
“Agradezco las palabras, pero creo que no hay que convencerme de las bondades del diálogo social. Soy una gran admiradora del diálogo social, pero también del institucional y político. No se puede mejorar un país sin dialogar con todas las partes. Estas tres herramientas hacen mejor a España”, destacó la vicepresidenta segunda.
La ministra detalló que el objetivo de la estrategia firmada por todas las partes es que los lugares de trabajo sean “seguros y sanos”, donde la salud sea un compromiso en las actuaciones y en los proyectos de las empresas. En esta línea, indicó que esta estrategia traerá mejoras y reducción en la cifra de siniestralidad. Asimismo, habrá un enfoque especial en la salud mental, “el gran reto del siglo XXI”.
Esta estrategia, con 38 líneas de actuación y 107 acciones, pondrá el foco en las actividades profesionales que acumulan el mayor porcentaje de accidentes de trabajo. Se elaborarán guías para informar sobre los estilos de vida, factores biomédicos y estresores laborales que incrementen el riesgo cardiovascular y sus estrategias de prevención. Se creará la Agenda Nacional para la Prevención del Cáncer de Origen Profesional, que recopilará acciones para conocer la situación actual del cáncer de origen profesional en el país. Se van a impulsar y fortalecer los protocolos de declaración de las sospechas de enfermedad profesional y de los daños derivados del trabajo, se prestará atención a prevenir los riesgos psicosociales y evaluar los derivados de la digitalización y las nuevas formas de empleo y se pondrá en el foco a los trabajadores sociosanitarios.
La firma de la estrategia para el desarrollo de políticas de prevención de riesgos laborales contó con el director general del Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), Carlos Arranz; el secretario general de CCOO, Unai Sordo; el secretario general de UGT, Pepe Álvarez; el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, junto al de Cepyme, así como la consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno de Cantabria, Eugenia Gómez de Diego, en representación de las comunidades autónomas.
COMBATIR LA SINIESTRALIDAD
Garamendi recalcó que el cierre de este acuerdo tiene lugar en un momento en el que las cifras de accidentes de trabajo “han dado malas noticias”. Por este motivo, había que regular “el esfuerzo para reducir los accidentes en el ámbito laboral”. Asimismo, agradeció la integración de las pymes en este documento.
“Las empresas y trabajadores tuvimos un papel decisivo para evitar la propagación de la covid-19. Hoy toca mirar al futuro y esta estrategia toma como base lo aprendido en el pasado para afrontar los retos actuales”, subrayó.
Por su parte, Sordo recordó que en 2022 hubo más de un millón de accidentes laborales, de los que 630.000 fueron con baja.
Además, tiene en cuenta problemas “no abordados adecuadamente” como el cáncer laboral, la perspectiva de género y los riesgos de la transición digital y la situación demográfica. También se considera agentes causantes de enfermedades al amianto, el polvo de madera y el polvo respirable de sílice cristalina.
Por otro lado, Álvarez pidió “más recursos” a la administración y a las comunidades autonómicas para hacer frente a la siniestralidad. Tras su intervención, la vicepresidenta anunció la próxima reapertura de una mesa de diálogo social para actualizar la Ley de Riesgos Laborales de 1995 con el objetivo de mejorar la prevención en las empresas.
Finalmente, en un comunicado, la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae) pidió “reforzar” este impulso en el marco de la Estrategia Nacional de Impulso del Trabajo Autónomo.
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