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Detenido en México un testigo protegido en el caso por la desaparición en 2014 de 43 estudiantes en Iguala

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‘El Gil’ fue considerado uno de los principales responsables del suceso y estuvo cuatro años en prisión, si bien fue posteriormente absuelto

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Las fuerzas de seguridad de México han detenido nuevamente a Gildardo López Astudillo, alias ‘El Gil’, considerado como uno de los principales responsables de la desaparición en 2014 de 43 estudiantes en Iguala, localidad situada en el estado de Guerrero, si bien fue posteriormente absuelto y pasó a ser un testigo protegido en el caso.

Según las informaciones recogidas por el diario mexicano ‘La Jornada’, el hombre ha sido detenido tras la emisión de dos órdenes de arresto contra él, una por delincuencia organizada y la otra relacionada precisamente con el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, sin que por ahora haya más detalles.

López Astudillo pasó hace tres años a ser testigo colaborador de la Fiscalía especializada para el caso, en el que no se han registrado avances que hayan permitido localizar a los desaparecidos, tras ser detenido en 2015 y liberado en 2019 después de que un tribunal desestimara las acusaciones contra él.

Los 43 alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa desaparecieron en la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en el vecino municipio de Iguala durante una protesta contra las autoridades locales.

La primera versión oficial fue que fueron sorprendidos por la organización criminal Los Rojos, como parte de un ajuste de cuentas entre grupos rivales, y que los sicarios los mataron e incineraron y se deshicieron de sus restos en el basurero de Cocula, hechos refutados posteriormente por una nueva investigación.

La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa publicó en 2021 unas informaciones proporcionadas por el Ministerio de Defensa con comunicaciones militares realizadas en las fechas del suceso, datos que confirman que el Ejército mexicano tenía información no revelada desde 2014, como denunciaban las familias de las víctimas, y que no fueron entregados pese a haber un decreto presidencial de 2018 que obligaba a ello.


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