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Después de las críticas expresadas en el aniversario de las protestas, Nicaragua ha retirado el permiso (plácet) al nuevo embajador de la UE

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MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Nicaragua ha retirado este martes el plácet al nuevo embajador de la Unión Europea en el país, Fernando Ponz, después de que la UE denunciara en un comunicado la “represión sistemática” del Gobierno de Daniel Ortega en el aniversario del inicio de las protestas de 2018.

“Ante su injerencista, atrevido e insolente comunicado de este día, que ratifica las posiciones imperialistas y colonialistas que caracterizan a la Unión Europea (…) Nicaragua ha decidido suspender el plácet que había sido concedido al señor Fernando Ponz”, ha indicado en un comunicado el ministro de Exteriores, Denis Moncada.

En este sentido, Moncada ha expresado su “condena” contra el “genocidio histórico” cometido por la Unión Europea a la par que ha reclamado “justicia y reparación” frente a sus “crímenes de lesa humanidad y su virulento, codicioso y rapaz saqueo” de sus riquezas, ha recogido el diario ‘La Prensa’.

Poco antes, el Servicio de Acción Exterior de la UE, encabezado por Josep Borrell, ha recordado que el 18 de abril de 2018 miles de personas “salieron a las calles para expresar su legítima demanda en favor de los Derechos Humanos, en particular los derechos civiles y políticos, y para pedir el retorno de la democracia”.

En lugar de “escuchar y respetar” sus demandas, el régimen de Ortega optó por la represión, razón por la cual la UE sigue pidiendo la liberación de “todos los presos políticos” y el “pleno retorno del Estado de Derecho” en el país centroamericano, donde también han sido cerradas decenas de organizaciones.

“La UE ha alentado regularmente al Gobierno nicaragüense a iniciar un diálogo auténtico e inclusivo con la población sobre sus demandas legítima”, ha afirmado la oficina de Borrell, que se ha ofrecido a colaborar en los esfuerzos encaminados a lograr “una solución democrática, pacífica y negociada”.

Las protestas de 2018 se alargaron hasta septiembre y derivaron en una escalada represiva que se saldó en los años posteriores con más de 200 arrestos de personas contrarias a la tesis del Gobierno. La ONU estima que, desde diciembre de 2018, más de 3.100 organizaciones han sido cerradas.


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