MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
Un total de 1.727 jueces han realizado (hasta junio de 2024) el curso de perspectiva de género que es obligatorio desde 2019 para acceder a cualquier especialidad, según datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Además, desde 2010, un total de 329 jueces han realizado el curso sobre violencia de género que obligatoriamente han de cursar los jueces por cambio de orden a violencia de género.
A estos hay que sumar los jueces que concursan y van a cambiar de orden y que, a pesar de no estar obligados a hacer el curso de violencia de género, lo han realizado voluntariamente. En total, lo han cursado 39 jueces desde 2018. Actualmente, en España hay 5.416 jueces y magistrados en activo, según el CGPJ.
La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Esther Erice, ha subrayado a Europa Press la importancia de la especialización de los jueces y de la dotación de medios suficiente para que el sistema funcione.
“La norma tiene dos momentos. Un momento donde se promulga, donde se crean servicios. Y otro donde se hace efectivo. Hemos de ser un país serio y hacer efectiva la norma. Por lo tanto, los servicios tienen que estar creados. El número de plantas de jueces tiene que ser suficiente también. Y luego necesitamos gente especializada y formada en cada uno de estos ámbitos de apoyo. Si no, puede ser una quimera”, ha subrayado Erice.
Así, ha precisado que coincide con la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la necesidad de reforzar la coordinación entre instituciones para lograr detectar con antelación los casos de violencia de género, pero también insiste en la importancia de “la dotación suficiente de medios” y que esta sea “uniforme”.
MARGEN DE MEJORA EN EL ÁMBITO RURAL
En este sentido, ha indicado que están “muy preocupadas” en el Observatorio por lo que ocurre en el ámbito rural pues, según ha advertido, los servicios de apoyo no son iguales. “No es lo mismo sufrir una agresión en una ciudad con recursos que en poblaciones pequeñas donde estos tardan más en llegar o tardamos más en trasladar a la persona que ha sufrido este tipo de violencia a los servicios. Aquí tenemos un margen de mejora en dotar los servicios realmente”, ha subrayado Erice.
Además, sobre la reciente advertencia de Jueces por la Democracia sobre un posible “colapso” en los juzgados especializados en violencia de género, tras la reforma aprobada para la reorganización de los juzgados, Erice considera que “siempre que hay una reforma del calado de la ley que se aprobó” el pasado 19 de diciembre, es “comprensible en todos los jueces y operadores jurídicos que se preocupen de lo que puede ir mal”.
En este sentido, ha precisado que, desde el Observatorio están ya recabando datos estadísticos para saber qué implemento supone esto para los juzgados de violencia de género, que ahora, además de conocer los delitos derivados de la ley 1 de 2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, van a conocer también las violencias sexuales y otros delitos contra la mujer.
“¿Esto qué supone? Pues que este tipo de violencias que se llevaban en juzgados de instrucción no especializados ahora se llevarán en las unidades de tribunales de violencia contra la mujer, que tienen que estar bien dimensionados y tienen que tener, como hemos dicho antes, buenos servicios”, ha explicado la presidenta del Observatorio.
Por ello, ha indicado que el estudio sobre el número de plazas, de jueces, de funcionarios y de servicios necesarios para que funcione adecuadamente “está comenzando ya” y van a continuar haciéndolo “en el mes de enero” para “tener una aproximación real y empírica” con datos de lo que supone.
61.205 CASOS CON PROTECCIÓN POLICIAL
Por otro lado, en cuanto al número de casos de violencia machista con protección policial, según los datos del CGPJ, ascienden a un total de 61.205, aunque no todos los casos implican la colocación de pulseras telemáticas.
Erice ha indicado que “todo lo que ayude a proteger a las personas en riesgo es positivo” pero ha añadido que, a juicio del Observatorio, “los dispositivos son mejorables”.
“Quizás en las poblaciones pequeñas presenta más dificultad porque las aproximaciones, incluso involuntarias, son más frecuentes. Y los dispositivos ahí pueden hacer falsas alarmas. La colocación de dispositivos, lo hemos visto, ha salvado vidas pero tenemos también margen de mejora”, ha concretado.
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