MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
El Ministerio de Cultura ha asegurado que la estafa denunciada por el director de Canal 33 TV de Madrid, Enrique Riobóo, al haberle sido requerido una cantidad de dinero para poder optar con garantías a la convocatoria de ayudas del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Visuales (ICAA), ha sido llevada a cabo por una persona desligada de esta institución.
El pasado mes de marzo Canal 33, al igual que decenas de pymes y asociaciones dedicadas al mundo audiovisual de toda España, presentó cinco proyectos encabezados por mujeres de remarcado carácter profesional, a la convocatoria pública de ayudas para laboratorios e incubadoras de creación y desarrollo de proyectos audiovisuales, dotada con 9 millones de euros, que lanza el ICAA, dependiente del Ministerio de Cultura.
Días después de presentar la solicitud, el empresario madrileño recibió una llamada telefónica del guionista David Calle García, quien en una cita posterior se presentó como vocal de una de las comisiones del ICCA y le pidió 2.500 euros para poder entrar “al club de los elitistas adjudicatarios” y obtener así la subvención gracias a su “intermediación”.
Fuentes de Cultura han explicado en declaraciones a Europa Press que tras tener conocimiento de este caso el pasado verano, por una comunicación del propio afectado, el ICAA hizo una investigación interna que concluyó que “la persona a la que se cita no trabaja ni ha trabajado en el ICAA”.
Además, reiteraba que el procedimiento de concesión de ayudas “sigue un proceso muy escrupuloso que ha funcionado bien” y que en la propia convocatoria de ayudas se incluye una información para prevenir fraude.
“No podrán acceder a las ayudas aquellos proyectos en los que participe, directa o indirectamente, un o una vocal de la Comisión de valoración de estas ayudas, salvo renuncia escrita expresa, producida con anterioridad a la constitución de dicho órgano”, recoge la convocatoria.
Además, el reglamento impone que cualquier comunicación de las personas solicitantes o interesadas en los proyectos presentados con vocales de la Comisión de valoración, comportará la exclusión del proyecto de la convocatoria y el archivo de la correspondiente solicitud, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad que se pudiera derivar de dicha comunicación.
Por último, han resaltado que desde Cultura se instó a la persona interesada a presentar una denuncia y desde el Ministerio se trasladó el caso a la Fiscalía General del Estado “por si fuera constitutivo de delito”.
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