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Cuatro partidos de oposición solicitan al Tribunal Supremo que anule la destitución del director del Shin Bet por parte del Gobierno

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Denuncian que la destitución llega en medio de investigaciones a personas cercanas a Netanyahu y tras las conclusiones de los ataques del 7 de octubre

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Un total de cuatro partidos opositores israelíes han presentado este viernes una petición al Tribunal Supremo para que revoque el cese del jefe del Shin Bet, Ronen Bar, aprobada en las últimas horas, argumentando que la medida supone “un grave conflicto de intereses” para el primer ministro, Benjamin Netanyahu, tras las investigaciones en torno a los fallos de seguridad durante los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otros grupos palestinos.

Así, el líder de Yesh Atid, Yair Lapid, ha dicho que tanto su partido como Unidad Nacional, Yisrael Beitenu y Los Demócratas han reclamado una “orden judicial contra la destitución” de Bar y han afirmado que la decisión “se fundamenta en consideraciones externas relacionadas con las investigaciones del Shin Bet a la oficina del primer ministro y la posición recientemente publicada por el Shin Bet de que la cúpula política tiene responsabilidad por la tragedia del 7 de octubre”.

Lapid ha apuntado así en un mensaje en su cuenta en la red social X a que el cese de Bar estaría vinculado con la investigación abierta por el Shin Bet contra varios miembros de la oficina de Netanyahu por supuestos lazos con Qatar, así como a la responsabilidad de las autoridades en los fallos de seguridad durante los citados ataques, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según los balances oficiales.

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En este sentido, ha especificado que la petición presentada al Supremo recoge que “la destitución precipitada” de Bar tiene lugar “en tiempos de guerra” y “mientras el Shin Bet investigaba a personas de confianza del primer ministro, quienes le acompañaron durante años y conocen cada detalle de su vida, bajo sospecha de haber recibido de elementos directamente vinculados y que trabajan para el Estado de Qatar”.

El documento señala además que Qatar “es el país que financió a la organización terrorista Hamás, la cual infligió el mayor desastre al Estado de Israel y al pueblo judío desde el Holocausto”, en referencia a los ataques del 7 de octubre de 2023. Además, apunta que el cese “se inició sólo después de que la investigación del Shin Bet sobre los antecedentes de la tragedia del 7 de octubre indicara claramente a la responsabilidad de la cúpula política en el desastre”.

“Estos hechos adquieren mayor relevancia mientras el primer ministro impide la creación de un comité estatal de investigación y mientras todo el Gobierno israelí retrasa abierta y conscientemente una medida que podría examinar su responsabilidad en el desastre”, zanja, en referencia a los obstáculos puestos por el Ejecutivo a la creación de una comisión de investigación sobre responsabilidades en los ataques desde hace cerca de un año y medio.

Por su parte, el líder de Los Demócratas, Yair Golan, ha comparado a Netanyahu con “un animal herido”. “Está en pánico y es muy peligroso. Sabe que el suelo bajo sus pies tiembla, que la investigación sobre los vínculos de su oficina con Qatar se está intensificando, que la Fiscalía General y el Tribunal Supremo son un obstáculo en su camino para destituir al jefe del Shin Bet y que el sistema judicial aún no está en sus manos”, ha explicado.

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“Por eso, pasa a una ofensiva total: dispara en todas direcciones: intentos de despido, aplastamiento del Estado de derecho, ruido de fondo e incendios provocados en todos los frentes, vídeos alucinatorios en Internet… son todo distracciones interminables”, ha sostenido en X, antes de destacar que las protestas antigubernamentales “están teniendo un impacto”. “Continuaremos, sin parar y sin desesperar, y ganaremos”, ha apostillado.

EL CESE DE BAR

La petición de estos cuatro partidos al Supremo ha sido presentada horas después de que la oficina de Netanyahu confirmara en un comunicado que “el Gobierno ha aprobado por unanimidad la propuesta” del mandatario de “finalizar el mandato” del director del Shin Bet, quien “concluirá sus funciones el 10 de abril o cuando se nombre un director permanente” del organismo de Inteligencia, “lo que ocurra primero”.

Es la primera vez en la historia de Israel que el Gobierno destituye al jefe de la agencia de Inteligencia y seguridad interna. Netanyahu ha justificado su propuesta al sostener que perdió la confianza en Bar después de los ataques del 7 de octubre de 2023 y ha asegurado que, desde que le destituyó del equipo negociador para un alto el fuego en Gaza por otro alto funcionario del Shin Bet, “las filtraciones han disminuido drásticamente.

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Sin embargo, el acuerdo de alto el fuego, que incluyó un intercambio de rehenes por presos palestinos, se firmó en enero, semanas antes de que Netanyahu retirara a Bar del equipo negociador, mientras que el jefe del Shin Bet ha sostenido que no existen “ejemplos concretos” que justifiquen su despido y que las acusaciones en su contra “no son más que una tapadera” con el objetivo de “obstaculizar la capacidad” de su oficina de “cumplir con sus funciones”.

En este sentido, ha aseverado que la decisión de Netanyahu de apartarle tanto a él como al jefe del Mossad, David Barnea, de las negociaciones de los rehenes “perjudicó al equipo y no avanzó en absoluto en la liberación”. Así, ha afirmado que trabajó “eficazmente” con el primer ministro para lograr el acuerdo, así como otras operaciones militares, y ha considerado que no tiene sentido la insistencia de que no hay confianza en ellos, “excepto si la verdadera intención” era “negociar sin llegar a un acuerdo”.

Por su parte, la fiscal general de Israel, Gali Baharav-Miara, ya había dictaminado que el gabinete carece de fundamento legal para destituir a Bar. Mientras tanto, miles de personas se han manifestado frente a la sede gubernamental para protestar por la medida. De hecho, según una encuesta del Canal 12, el 51 por ciento de los israelíes se opone a la destitución frente al 32 por ciento que la apoya.


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