MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha solicitado formalmente al ministro de Función Pública, Óscar López, la convocatoria de la Mesa General de las Administraciones Pública para negociar “de manera inmediata” la subida salarial de los empleados públicos y la oferta pública de empleo de 2025.
El presidente de CSIF, Miguel Borra mantuvo este miércoles una reunión con el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso para trasladar las prioridades del conjunto de empleados públicos en materia laboral, y los problemas en la asistencia sanitaria en Muface por la no renovación del concierto con las aseguradoras.
Borra aprovechó el encuentro para subrayar al portavoz socialista en la Comisión, José Luis Aceves Galindo, que dichas prioridades pasan por la necesidad de un nuevo acuerdo salarial que permita aplicar una subida automática en 2025, una oferta de empleo público para este año sin tasa de reposición y hacer balance de los procesos de estabilización en las administraciones públicas.
CSIF ha solicitado formalmente al ministro de Función Pública, Óscar López, la convocatoria de la Mesa General de las Administraciones Pública para negociar de manera inmediata la subida salarial. “Llevamos perdido más de un 6% desde 2022 y un 20 por ciento desde la bajada de sueldo de 2010”, ha denunciado.
CSIF entiende que los salarios de los empleados públicos deben de actualizarse todos los años de manera automática en enero, con un porcentaje adicional, por encima del IPC, para recuperar el poder adquisitivo.
Además, considera que debe negociar la oferta de empleo público para este año sin tasa de reposición, la equiparación salarial entre administraciones, la jornada de 35 horas semanales en el conjunto del Estado, la adecuación de los grupos profesionales, la carrera profesional y la mejora en las condiciones de jubilación, regulando de manera inmediata la jubilación parcial para funcionarios y estatuarios.
Respecto a Muface, CSIF ha comunicado a Aceves Galindo que se siguen produciendo problemas en la atención sanitaria, con la denegación de pruebas, citas e intervenciones quirúrgicas. En este sentido, la organización sindical ha confirmado que seguirá asesorando a los mutualistas para que interpongan las correspondientes quejas por escrito tanto a la mutualidad como a las aseguradoras y posteriormente acompañando a sus afiliados en las acciones penales que se deriven.
Por este motivo, la organización ha reclamado a la Fiscalía General del Estado que investigue estos centenares de quejas, con el objetivo de determinar posibles responsabilidades penales tanto de las compañías como de las personas físicas que pudieran ser autores o partícipes en los hechos denunciados.
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