MADRID, 21 (SERVIMEDIA)
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) rechazó “de entrada” que el Gobierno “pretenda de manera unilateral que los funcionarios puedan ser apartados de su puesto de trabajo” como se recoge en el anteproyecto de ley de Función Pública.
En un comunicado, el sindicato más representativo en las administraciones públicas criticó así la voluntad del Ejecutivo de relevar a los empleados públicos que no aprueben las nuevas evaluaciones de desempeño que se introducen con esta nueva legislación, que aún no está cerrada y que tiene por delante un largo proceso de tramitación.
En concreto, el documento de 125 páginas indica que ante resultados negativos “continuados” en dichas evaluaciones –que serán anuales–, el funcionario podría enfrentarse a distintas consecuencias. Entre ellas, “la no valoración del mérito de experiencia durante el correspondiente periodo en los procesos de selección y provisión a los que concurra” o “la remoción del puesto obtenido por concurso” previa “audiencia de la persona interesada y mediando resolución motivada”.
Ante esta medida, CSIF instó al Gobierno a contar con los sindicatos para establecer “los criterios” que se tendrán en cuenta para llevar a cabo estas evaluaciones de desempeño, que también afectarán al acceso de un nuevo complemento salarial y a la promoción interna.
“En lo que se refiere a la evaluación del desempeño, CSIF exige la participación de los sindicatos para establecer los criterios y las debidas garantías que permitan valorar y determinar la labor de empleadas y empleados públicos desde el punto de vista de la promoción, las retribuciones y las consecuencias derivadas. De entrada, rechazamos que el Gobierno pretenda de manera unilateral que los funcionarios puedan ser apartados de su puesto de trabajo”, señalaron desde la organización.
“CARECE DE CONCRECIÓN”
Sobre el resto del texto, CSIF considera que el anteproyecto “carece de concreción y las debidas garantías en los diferentes aspectos que desarrolla”, entre ellos, la carrera profesional, la movilidad, el teletrabajo o la evaluación del desempeño, además de ser “muy mejorable desde el punto de vista técnico”.
Por ello, CSIF presentará alegaciones en la negociación, el trámite de audiencia pública y, llegado el caso, en el trámite parlamentario.
Por último, advirtió de que el Gobierno “ha fallado en tiempo y forma” porque la ley está pendiente de desarrollarse desde 2007, cuando entró en vigor el Estatuto Básico del Empleado Público, y no se ha desbloqueado hasta “el último minuto por exigencia de la Unión Europea como condición para acceder a los fondos del Plan de Recuperación”. “Hay que recordar que el Gobierno ha mantenido paralizada la negociación durante todo el año 2022”, apostillaron desde el sindicato.
PERSONAL EN EL EXTERIOR
En paralelo a este pronunciamiento, CSIF criticó el acuerdo entre Gobierno, CCOO y UGT para aumentar el salario del personal laboral en el exterior en un 3,5%, en línea con el incremento retributivo de los funcionarios acordado el pasado mes de octubre.
“Este acuerdo económico supone la renuncia expresa por el Gobierno, CCOO y UGT, a la prometida adecuación retributiva del personal laboral en el exterior”, señala el sindicato en otro comunicado. “Es aún más injusto teniendo en cuenta los niveles de inflación que afrontan los diferentes países y los 14 años de congelación salarial a los que se han visto sometidos por el abandono del Gobierno”, concluye.
En este contexto, CSIF anunció que iniciará en las próximas fechas una ronda de consulta a los trabajadores destinados en el Exterior para convocar nuevas movilizaciones, “sin descartar la convocatoria de huelga”, para que sean atendidas sus “justas reivindicaciones económicas”.
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