Recomienda la creación de un fondo de indemnizaciones dotado con 50 millones de euros
MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
El informe del despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo recoge un total de 1.383 denuncias de casos de abusos sexuales acaecidos en el seno de la Iglesia católica española y “un mínimo de 2.056 víctimas”. Así lo refleja el informe del despacho de Cremades, publicado este jueves en la web de la Conferencia Episcopal y algunos de cuyos datos han sido incorporados a la última versión del informe ‘Para dar luz’, elaborado la Conferencia Episcopal Española (CEE).
Fuentes de la Conferencia Episcopal consultadas por Europa Press han precisado que tras analizar todos los estudios disponibles sobre abusos sexuales en la Iglesia Católica en España, estiman que se han testimoniado en total menos de 1.000 casos, precisando que no se puede conocer exactamente el número total de víctimas y que todos los casos testimoniados no son todos los que existen dado que hay víctimas que han fallecido y otras que han preferido no revelar los hechos.
Las fechas de comisión de los abusos en el Informe Cremades abarcan desde el año 1905 a la actualidad, siendo las décadas donde registran un mayor número de abusos la década de 1960 a 1970 y de 2010 a 2019. Mientras, la Conferencia Episcopal indica que los casos se registran, por una cuestión de “biología”, desde la década de los 40 hasta la actualidad, con una mayor parte de abusos denunciados entre la mitad de la década de los 60 hasta mitad de la década de los 80, cuando empiezan a declinar.
La auditoría de Cremades recoge en principio un total de 1.383 denuncias, “siendo indeterminado el número de personas victimarias”. Sin embargo, el análisis de la totalidad de los grupos analizados lleva a afirmar a los obispos en su informe propio que el número total de denuncias con arreglo a la metodología indicada asciende a 1.302 denuncias.
Al mismo tiempo, fuentes de la CEE también han advertido de que se ha detectado una duplicidad en esta auditoría externa de unos 300 casos reportados por el Vaticano que Cremades ha sumado al listado pero que han sido remitidos a la Santa Sede por las distintas diócesis, por lo que ya estarían contabilizados.
En cuanto al número de víctimas, Cremades apunta un total de 1.599 y añade que en 277 denuncias recibidas el número es “indeterminado” y en otras 180 no consta, por lo que deduce un mínimo de 2.056 víctimas, aunque precisa que “es objetivamente evidente que el número es superior”.
Sin embargo, en el informe de los obispos insisten en que la diversa metodología empleada en los diferentes estudios hace que resulte muy probable la existencia de casos que se han incorporado a los mismos, “dos, tres o incluso cuatro veces”.
En cuanto al perfil de las víctimas, Cremades revela que son en su mayoría hombres, que sufrieron los abusos en colegios y seminarios menores y mayores, por parte de un sacerdote, religioso, profesor responsable académico del menor (en el 99 por ciento de los casos), aunque también se encuentran casos de celadores, responsables de administración, responsables de actividades extraescolares o catequistas.
Sobre el tipo de abuso cometido, es mayoritariamente “abuso” y se señala que la gravedad de los hechos impide a las víctimas relatar lo acaecido resaltando que el término “abusos o tocamientos” abarca una realidad muy heterogénea. Se refieren también desde felaciones hasta violaciones pasando por besos no consentidos.
UN FONDO DE 50 MILLONES DE EUROS
Entre las recomendaciones de Cremades, se plantea el establecimiento de una Comisión Independiente para la reparación integral de las víctimas, y propone la creación, por la CEE y la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), de un Fondo para la reparación de los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica, “dotado inicialmente de un patrimonio de 50 millones de euros, ampliables en la medida en que sea necesario”. Las indemnizaciones se valorarán en cada caso entre 6.000 y 100.000 euros, según añade.
Según precisa, “la Iglesia sufragará estas reparaciones, sean del orden que sean, con cargo a este patrimonio propio”, para cuya dotación, añade, “podrá disponer de patrimonio inmobiliario”. Si bien, precisa que “en ningún caso podrá condicionarse al patrimonio de las personas victimarias, ni solidarizarse el riesgo generado con los feligreses a los que no podrá recurrirse para incrementar los recursos disponibles, ni utilizar los fondos provenientes del Estado o la asignación del 0’7% del IRPF”.
En cuanto a la recomendación del fondo de indemnizaciones, recogida también en el informe del Defensor del Pueblo, la CEE precisa en su informe ‘Para dar luz’ que es una medida que “carecería de justificación y resultaría por completo innecesaria” ya que “las necesidades económicas derivadas de la reparación de daños en aquellos casos en que se han producido, no resultan significativas desde la perspectiva estricta de las cifras alcanzadas”.
Además, Cremades señala que la CEE debe asumir la responsabilidad de crear una Comisión de Seguimiento y Evaluación de las recomendaciones y de crear, dentro de cada uno de los entornos en los que la Iglesia desarrolla su labor, una estructura de protección que incluya a las personas responsables de las actividades con niños.
También pide que la Iglesia reconozca el daño producido y honre el dolor de las víctimas, “pidiendo perdón públicamente no sólo por el daño sino por el silencio permitido”; que tome las medidas de prevención necesarias para que no vuelva a suceder, y brinde recursos psicoterapéuticos de calidad y asesoramiento legal a los supervivientes.
Mientras, en la última versión del informe ‘Para dar luz’, los obispos han registrado un total 806 casos, de los cuales consideran probados 205; no probados pero verosímiles, 70; no probados, 280; en investigación o pendientes de resolución, 75; archivados por prescripción o fallecimiento del denunciado, 13; con denuncias falsas, 3; y casos excluidos por referirse a mayores de edad, 24.
Por su parte, el informe del Defensor del Pueblo, presentado el pasado mes de octubre, registró un total de 487 víctimas que habían denunciado ante la institución y acompañó sus testimonios de una encuesta que estimaba en un 0,6% las personas afectadas por abusos sexuales en la Iglesia.
A partir de todos los estudios realizados sobre el asunto, los obispos concluyen que los casos de abuso sexual constatados en el seno de la Iglesia, ateniéndose a los casos verdaderamente probados o no probados pero verosímiles, representan “una proporción cuasi residual con respecto a los casos que mayoritariamente se producen en el seno de la familia, las instituciones y otros ámbitos de la sociedad”.
En todo caso, en el informe ‘Para dar luz 2’, los obispos reconocen que los abusos sexuales cometidos contra menores en el seno de la Iglesia han producido “dolor y vergüenza” en todos sus miembros y que “son un problema grave en la vida de la Iglesia”. “Son considerados pecados y delitos y como tal deben ser tratados”, subrayan.
Según los obispos, el informe ‘Para dar luz’ es el “documento más completo” de los publicados hasta la fecha, pues ofrece un estudio histórico de la situación de los abusos sexuales en la sociedad y en la Iglesia, un estudio detallado de las denuncias recibidas; un análisis crítico de las medidas adoptadas por la Iglesia y una recopilación de las Observaciones y Recomendaciones recibidas”.
Además de apoyarse en esos datos recabados en los organismos de la CEE, el informe recoge las aportaciones del resto estudios realizados y datos ofrecidos por el Ministerio fiscal, Ministerio del Interior, Fundación ANAR y la ONG Save the Children. Finalmente, los obispos precisan que la recepción de la auditoría legal de Cremades & Calvo Sotelo y la publicación de esta última edición no supone un punto y final.
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