SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19 (EUROPA PRESS)
El Parlamento de Canarias ha convalidado hoy jueves el Decreto Ley por el que se aprueba el abono de una prestación extraordinaria de 250 euros a las personas titulares de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), para compensar el aumento de los precios de los productos básicos durante el año 2023.
La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, indicó que este complemento llegará a 11.924 familias beneficiarias de la PCI, de las cuales 4.504 cuentan con personas menores a cargo. Además, anunció que se traerá a la Cámara un nuevo Decreto Ley para que durante el primer trimestre de 2023 esta bonificación extraordinaria también sea ingresada a los 43.000 canarios y canarias con pensiones no contributivas.
La cuantía y pago de la prestación citada se fija en 250 euros por unidad de convivencia, que se abonará mediante un pago único y se realizará de oficio por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias a las unidades de convivencia beneficiarias de la PCI.
El abono de este complemento se justifica en el incremento de los precios de los productos básicos que, según datos aportados por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC), han aumentado en un 15,9% solo en lo referente a los alimentos.
Por el Grupo Mixto, la diputada Vidina Espino criticó que este decreto tan solo suponga 20 euros más al mes para las familias beneficiarias, cuando el 38% de la población canaria está en riesgo de pobreza y exclusión social, es decir, más de 600.000 personas, la mitad niños y niñas, o que el 47% de los menores son ya pobres o están en riesgo de serlo.
Por su parte, el diputado popular Poli Suárez afirmó que este decreto llega “tarde” porque la inflación lleva meses “haciendo estragos” en la vida de los canarios, pues 6 de cada 10 tienen dificultades para llegar a final de mes. Lamentó, además, que este complemento supone solo 68 céntimos al día, cuando una barra de pan cuesta 85 céntimos y la cesta de la compra se ha encarecido más de un 18%.
Poli Suárez aseguró, también, que esta medida es un “mal parche” porque solo llega a 12.000 familias, cuando hay más de 800.000 personas en Canarias en riesgo de pobreza y 335.000 en situación de pobreza severa, lo que supone un tercio de la población canaria. “¿Es esto para estar orgullosos?”, se preguntó.
Cristina Valido, del Grupo Nacionalista Canario, censuró que los grupos que sustentan al Pacto de las Flores se feliciten por dar 250 euros “puntuales” a las personas más pobres. “Esa es la prueba de que el escudo social no funciona”, manifestó Valido, quien también criticó que la consejera anuncie un nuevo decreto ley para repartir dinero a las personas más pobres justo antes de las elecciones.
La diputada Melodie Mendoza, Agrupación Socialista Gomera, resaltó que este complemento extraordinario llegará a más de 11.400 familias, de las cuales más de 4.500 tienen menores a cargo. Por tanto, consideró que queda más que acreditada la importancia de esta norma cuya finalidad, recordó, es atender la carencia de recursos básicos.
Por parte de Sí Podemos Canarias, María del Río celebró que se sigan dando pasos importantes para proteger a las familias más vulnerables y minimizar una inflación que está afectando sobre todo a los más vulnerables. “Estamos muy orgullosos por dar este tipo de pasos”, insistió la diputada, quien quiso recordar que es la tercera vez que se da esta ayuda extraordinaria.
El portavoz del Grupo de Nueva Canarias, Luis Campos, quiso dejar claro que frente a los recortes, el Gobierno del cuatripartito ha estado “colocado al lado de la gente”, y si bien admitió que estas medidas resultan insuficientes, sí tienen un valor importante y no suponen ningún tipo de trámite por parte de los beneficiarios.
Por último, la diputada socialista Patricia Hernández puso en valor que la consejera de Derechos Sociales se encontró con menos de 6.000 perceptores de la PCI cuando llegó al departamento y ha logrado duplicar esta cifra. Asimismo, reconoció que esta medida no soluciona la pobreza, pero criticó que la oposición pretenda, con propuestas como la bajada del IGIC, que haya menos dinero para afrontar estas políticas.
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