MADRID, 11 (SERVIMEDIA)
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 emitió este jueves una nota informativa en la que señaló que los gastos de gestión de las entradas adquiridas online para espectáculos como festivales de música, conciertos o musicales, deben estar incluidos “en todo momento” en el precio que se publicita en el canal de venta y que debe tratarse de “una cantidad fija que no varía en función del precio”. En paralelo, colabora en una campaña nacional de “vigilancia” del mercado para “verificar” que los operadores de comercio electrónico y webs de festivales de música cumplen la normativa vigente y sancionar posibles irregularidades.
Así lo anunció el gabinete de Pablo Bustinduy en un comunicado en el que, con respecto a la nota informativa, precisó que, si los costes de gestión “no están correctamente reflejados”, el usuario no está obligado a abonarlos.
En concreto, la nota informa a usuarios, empresas y autoridades de consumo autonómicas sobre los requisitos que este tipo de recargos, habitualmente calificados como gastos de gestión, deben cumplir para “adecuarse” a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y que, de esta forma, puedan “respetarse los derechos de las personas consumidoras”.
Entre los requisitos que deben cumplir los gastos de gestión y otro tipo de recargos adicionales, el departamento de Bustinduy puntualizó que deben referirse “exclusivamente” a servicios que reciban los consumidores finales, sin poder “traspasar” a estos, por este medio, “costes por servicios que reciba exclusivamente la empresa promotora del evento”.
Asimismo, deben estar incluidos en el precio final que se muestra al consumidor, junto con los “potenciales” impuestos aparejados a cada servicio, “en todo momento que se publicite el precio en este canal de venta”, si bien deberán estar “debidamente desglosados” de forma adicional para que el consumidor pueda conocer el precio de cada servicio o producto que recibe.
“En el caso de que los costes no estén correctamente reflejados en la información facilitada, el consumidor o usuario no tendrá la obligación de abonar dichos gastos o costes”, advirtió Consumo.
Para un mismo evento o espectáculo, los costes adicionales “no pueden variar en función del precio de la entrada”, ni ser un porcentaje sobre el precio base de la entrada, salvo que dicha diferencia esté “justificada” sobre la base de servicios adicionales ofrecidos al consumidor.
“No pueden ser superiores a los costes adicionales soportados por el consumidor al adquirir presencialmente las entradas para los mismos eventos o espectáculos, salvo que dicha diferencia esté justificada sobre la base de servicios adicionales ofrecidos al consumidor”, abundó Consumo.
Además, en el caso de que las entradas para el evento o espectáculo sean nominativas, no se pueden cobrar costes adicionales por la rectificación de errores en el nombre, cuando esta rectificación esté vinculada a un error ortográfico o tipográfico en las contrataciones online.
En paralelo, no se pueden aplicar costes adicionales por acciones que recaen sobre el consumidor, como la impresión de la entrada, o la recepción y almacenaje de esta en un dispositivo móvil.
“Si se opta por la recepción postal de la entrada adquirida, cuando esta sea una de las diferentes opciones ofrecidas al consumidor, no se pueden aplicar recargos desproporcionados sobre el valor de impresión y envío”, agregó Consumo, al tiempo que explicó que, para “garantizar” que se refieren “exclusivamente” a servicios que reciban los consumidores, es “importante” que las empresas “detallen qué gastos y gestiones incluyen bajo el concepto de gastos de gestión o similares”.
CAMPAÑA DE VIGILANCIA
Por otra parte, el departamento de Pablo Bustinduy colabora en la campaña nacional de “vigilancia” del mercado en la que participan las autoridades de Consumo de Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Región de Murcia y la Comunidad Valenciana y cuya información “centraliza” la Dirección General de Consumo, para “verificar” el “cumplimiento” de la normativa vigente por parte de los operadores de comercio electrónico y webs de festivales de música en la compra y venta de entradas para espectáculos y conciertos.
Entre otras medidas, dicha campaña incluye la realización de más de 30 controles de inspección oficiales que “verificarán si se está respetando la ley y los derechos de las personas consumidoras”, según el ministerio.
Esta campaña estará activa hasta el 31 de diciembre y, a juicio del gabinete de Bustinduy, servirá a las autoridades de consumo para recabar la información “necesaria” que “permitirá conocer” si las empresas de venta de entradas de comercio electrónico “están cumpliendo con los requisitos marcados por la ley, entre otros aspectos”.
Una vez concluida, y en el caso de hallarse “alguna irregularidad, práctica abusiva o violación de los derechos de las personas consumidoras”, las autoridades de Consumo emprenderán las “actuaciones necesarias”, incluida su potestad sancionadora, para la “corrección de cualquier práctica que suponga un incumplimiento de la normativa de consumo”.
En este contexto, el ministro Pablo Bustinduy publicó un mensaje en sus redes sociales en el que recordó que, cuando se adquiere una entrada, los gastos de gestión “no pueden ser un recargo arbitrario y oculto hasta el momento del pago”.
“Hoy comunicamos a los operadores estos requisitos y recordamos que hay una campaña en curso de vigilancia del mercado para este sector”, sentenció.
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