MADRID, 12 (SERVIMEDIA)
El presidente de la Confederación Nacional de Pymes (Conpymes), José María Torres, considera que es necesario estudiar “qué consecuencias” tienen las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), al tiempo que calificó de “correcta” la propuesta de la CEOE de que los contratos públicos con empresas se indexen a estas revalorizaciones cuando se vean afectadas por la evolución de este indicador.
“Estamos de acuerdo con que hay que subir los sueldos, hay que subir el salario mínimo, pero hay que ver las consecuencias que tiene en un tejido empresarial como es el español, que el 99,6% son pymes”, defendió Torres en una entrevista con Servimedia.
A su juicio, se debe analizar si estas medidas afectan a la generación de empleo, especialmente entre las pymes, ya que hay estudios que indican que no se produce pérdida de puestos de trabajo, pero hay otros que sí.
Por ello, apuntó que hay sectores como la limpieza o la seguridad que son “esenciales”, cuyas empresas tienen “márgenes mínimos” y “si tienen que hacer una subida de sueldo, se quedan prácticamente” sin beneficios.
Es por ello que mostró su apoyo a la petición de la CEOE de que los contratos públicos se indexen a la evolución del SMI y dijo que es “correcta”. Además, sobre la advertencia del secretario de Estado de que si la patronal se descolgaba del acuerdo el salario mínimo crecería más de un 4%, el presidente de Conpymes reconoció que eso está “un poco lejos de lo que es dialogar”.
“O aceptáis esto o subimos más. No sé, no me parece un planteamiento serio que se deba hacer desde el Ministerio. Siempre se deben analizar las consecuencias que tienen esas subidas”, remarcó.
En este punto, destacó que la subida del SMI debe ser un beneficio para los trabajadores, pero no un “perjuicio” para las empresas pues, según denunció, las pymes soportan “una presión fiscal en España” superior a la de los países del entorno y con un “absentismo laboral desbocado”.
CASTIGO A EMPRESAS
Por otra parte, Torres se refirió a la propuesta de Junts de imponer sanciones a las empresas que sacaron su sede social de Cataluña durante el ‘procés’ y que ahora no decidan dar marcha atrás.
“Las empresas que se fueron de Cataluña se fueron por unas circunstancias especiales, por lo que la que quiera volver tiene que volver, si quiere hacerlo, libremente. No se puede ni sancionar ni tampoco incentivar para que vuelvan”, expuso el presidente de Conpymes.
En su opinión, “las que no se fueron de Cataluña porque no quisieron o tampoco podían, pues no se deben de ver perjudicadas”.
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