PONTEVEDRA, 2 (EUROPA PRESS)
La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado en conformidad a cuatro personas por formar parte de un grupo criminal dedicado a talar y vender ilegalmente eucaliptos sin permiso de los dueños de los terrenos.
En virtud del acuerdo alcanzado entre las partes y la Fiscalía, estas cuatro personas han aceptado penas de diez meses de prisión por el delito de hurto continuado, otros diez meses de prisión por falsedad continuada en documento oficial, un mes de prisión por pertenencia a grupo criminal y multa de 3.500 euros por el delito de infidelidad en la custodia de documentos.
Además, todos ellos pierden durante cinco meses la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y el derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social.
La Fiscalía pedía inicialmente cinco años y medio de prisión, sustanciosas multas e indemnizaciones.
Estos cuatro procesados han reconocido los hechos por los que habían sido acusados y que dejaron como damnificados a 40 dueños de montes y a una mancomunidad de Poio, Barro, Caldas de Reis, Ponte Caldelas, Bueu, Sanxenxo, Meis, Meaño y Cangas. Muchos de ellos ya han sido indemnizados con anterioridad al juicio una circunstancia que ha sido tenida en cuenta por el Ministerio Público.
Este jueves se ha celebrado la vista oral contra una quinta persona acusada por estos hechos, un agente de la guardia civil de profesión, que se enfrenta a la inhabilitación para su empleo durante tres años.
SITUACIÓN DE LAS FINCAS
El fiscal sostiene que la colaboración del guardia civil permitía al grupo obtener la información relativa a la situación de las fincas en las que realizaban las talas o la de sus actuales titulares. Así, según el fiscal, el agente tenía conocimiento de las claves que utilizaba su unidad para acceder a la Sede Electrónica del Catastro y las usaba para obtener datos que no son de acceso libre y que solo se facilitan a quien acredite un determinado interés.
Según el fiscal, “abusando de las funciones que tenía encomendadas” y “actuando en perjuicio de los propietarios reales”, este acusado facilitaba información confidencial a los ahora condenados que, de esta manera, conocían las fincas con aprovechamiento forestal, las que no tenían un dueño identificado con certeza en el Catastro o el titular real del mismo.
Sin embargo, aunque el fiscal cree que esta “colaboración necesaria” ha quedado “sobradamentre probada”, durante el juicio los otros cuatro procesados negaron que el guardia les hubiese facilitado esa información y tampoco los otros testigos que declararon en la sala lograron identificarle como implicado en este grupo criminal.
El abogado de la defensa ha pedido la libre absolución de su cliente ya que “no hay el más mínimo indicio sólido” de que el guardia civil hubiera facilitado todos esos datos.
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