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SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 (EUROPA PRESS)
Los comités de empresa de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias han solicitado este miércoles la dimisión del presidente, Fernando Clavijo, por su “inacción” ante el “casos y hostigamiento” que se practica en el departamento.
En una rueda de prensa han advertido también de una “posible estrategia de desmantelamiento” de los servicios públicos “caracterizada por un deterioro del clima laboral, una carga excesiva de trabajo que afecta a la ciudadanía, el cierre de servicios debido a la ineficaz gestión del departamento de personal, la falta de recursos humanos para afrontar el constante aumento de la demanda y reiteradas vulneraciones de derechos laborales”.
Según los trabajadoras, esta situación “parece ser la antesala de una posible externalización y privatización de servicios”.
Asimismo, han puesto el foco el foco en las escuelas infantiles pues la consejera, Candelaria Delgado, no ha cumplido el compromiso de crear una comisión de seguimiento ni se han celebrado las reuniones solicitadas con la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias.
Los trabajadores han advertido de “graves problemas” en los centros por falta de personal pues no se sustituye adecuadamente a quienes causan incapacidad temporal y se tienen que cerrar aulas y dejar a menores sin atención.
Otra consecuencia, han detallado, “es la obligación de contratar catering, lo que supone un sobrecoste añadido a pesar de tener cocinas propias y con personal cualificado donde se elabora diariamente el menú por un nutricionista”.
Igualmente han indicado que existe un “agravio comparativo” entre la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, donde se exige el abono de una cuota mensual, y la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, donde la matrícula es gratuita.
Los comités también han denunciado que no hay auxiliares en el aula “ni siquiera para asistir durante el horario de comedor” y que no se ha respetado el compromiso de la anterior legislatura de utilizar fondos Next Generation para rehabilitar los centros.
“En su lugar, estos fondos han sido destinados a la creación de plazas del primer ciclo de Educación Infantil en centros docentes de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes evidenciando el abandono y la desidia de la administración hacia un recurso existente”, han apuntado.
CARGA DE EXPEDIENTES “INASUMIBLE”
Los trabajadores han criticado también que se tardan más de dos meses en la atención y el registro de documentos, que aumentan las denuncias ante la Inspección de Trabajo y los tribunales en el área de dependencia “debido a un clima laboral de crispación y persecución” y que en discapacidad la lista de espera roza los cuatro años.
Han advertido también de una carga de expedientes “inasumible” en el área de Menores, retrasos en la gestión de la renta de ciudadanía –con más de 7.000 expedientes por revisar– y la falta de mejora en las instalaciones de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias y parte de la Dirección General de Discapacidad, solicitadas por Inspección de Trabajo.
Según los comités de empresa existe un “abandono constante” por parte de los responsables políticos hacia las personas atendidas desde la Consejería, colectivos especialmente vulnerables y necesitados de atención y protección, situación que genera en los trabajadoras “desamparo, maltrato institucional, sobrecarga emocional y una presión adicional para intentar cumplir con su labor pese a la falta de recursos”.
Por ello han reclamado “liderazgo” al frente de la Consejería “para gestionar equipos con empatía, tomar decisiones eficaces y garantizar un clima laboral saludable, cuestiones claves para la correcta prestación de los servicios públicos”.
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