MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
Ciudadanos ha registrado una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para reformar la Ley de Patrimonio Histórico Español con el fin de evitar ataques a obras de arte como los sufridos el pasado fin de semana en el Museo del Prado. La formación que preside Inés Arrimadas propone multas de hasta dos millones de euros en el caso de los daños materiales a bienes del patrimonio histórico con el objetivo de alcanzar la “severidad sancionadora” de otras normas como la del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, anunció este lunes que el partido busca impulsar en el Congreso una reforma de la Ley del Patrimonio Histórico Español, de 1985, que contemple sancionar estas conductas, que ha tildado de “contraproducentes” en el marco de la lucha contra el cambio climático.
De este modo, la formación naranja plantea reformar los artículos 76 y 323 de la citada ley para dar respuesta a los “recientes ataques contra el patrimonio artístico que se han venido dando en Europa y también en España” y que han tenido como denominador común “acciones de activismo medioambiental justificándose por sus autores en la necesidad superior de llamar de la atención de la sociedad”. Para Ciudadanos, el hecho de que estos ataques hayan sido protagonizados por personas jóvenes “hace de esta realidad un fenómeno aún más preocupante”.
En el caso del Museo del Prado, dos activistas de la organización Futuro Vegetal están siendo investigados por delitos contra el patrimonio y alteración del orden público por haberse pegado las manos a los cuadros de ‘La maja desnuda’ y ‘La maja vestida’ tras escribir en la pared el mensaje de ‘+1,5º’ para alertar sobre la subida de temperatura mundial.
Con la reforma de la ley, Ciudadanos pretende dar una “adecuada respuesta del legislador a esta deriva que nada tiene que ver con la innegable gravedad del calentamiento global provocado por el ser humano” y considera necesario adecuar “la protección del patrimonio de los ataques que, sin llegar a constituir un delito por no afectar al valor cultural del bien, necesitan de una sanción administrativa clara”.
Así, proponen una nueva categoría de sanciones que pueden llegar a los dos millones de euros, con el objetivo de alcanzar la “severidad sancionadora que otras normas como la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, contemplan para supuestos similares.
La propuesta incluye sanciones económicas de 60.000 euros para los propietarios o titulares de derechos reales por incumplimientos de sus obligaciones por retención ilícita o depósito indebido de documentos; de 150.000 euros por la realización de obras en sitios históricos o zonas arqueológicas sin la autorización exigida o de 600.000 euros por el derribo de inmuebles afectados por un expediente de declaración de Bien de Interés Cultural, la exportación ilegal de bienes o el incumplimiento de las condiciones de retorno fijadas para la exportación temporal legalmente autorizadas.
DOBLAR LAS PENAS
Asimismo, se propone modificar el artículo 323 para adecuar las penas a la gravedad que supone “poner en riesgo una pieza insustituible y de valor en ocasiones incalculable”. Es por ello que se plantea doblar las penas previstas y situándolas al nivel de las que se incluyeron en la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando.
La proposición de Ley recoge penas de prisión de uno a cinco años o multa de doce a veinticuatro meses el que cause daños en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental, o en yacimientos arqueológicos, terrestres o subacuáticos o si se hubieran causado daños de especial gravedad o que hubieran afectado a bienes cuyo valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental fuera especialmente relevante.
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