Reclama que el desarrollo de la Inteligencia Artificial no implique una vulneración de los derechos de las personas con discapacidad
MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha presentado su informe general ‘Derechos Humanos y Discapacidad España 2023’ que recoge un total de 136 denuncias por vulneraciones de derechos contemplados en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 60 propuestas de mejora y 36 avances.
“Las denuncias superan a los avances con creces, un hecho que evidencia que la Convención sigue sin alcanzar en toda su extensión la vida de las personas con discapacidad”, ha lamentado el delegado del CERMI Estatal para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU de la Discapacidad, Gregorio Saravia.
El documento ofrece una cartografía “nítida y ajustada de la realidad” de los derechos de las personas con discapacidad, los avances legislativos que se han producido en este año, así como los “múltiples” retos pendientes para garantizar la inclusión, el bienestar y los derechos de las personas con discapacidad y luchar para eliminar las barreras que aún perduran.
El objetivo de esta publicación es ser una fuente de información valiosa que da cuenta de la consecución y aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) en España.
En cuanto a los artículos más vulnerados, Saravia aclaró que no se incluyen referencias a todos los artículos, sino a aquellos que permiten un ámbito de reflexión necesario y que son significativos sobre la realidad de los derechos de las personas con discapacidad en España.
El artículo de la Convención que registra un mayor número de denuncias es el 9, referente a accesibilidad; seguido del 24, sobre educación; y del 27, sobre derecho y empleo. Las propuestas de mejora se concentran en su mayor número respecto al artículo 4, referente a obligaciones generales; seguido del 27, sobre derecho y empleo; y el 13, de acceso a la justicia.
Respecto a los avances registrados, el mayor número de ellos lo tiene el artículo 9, de accesibilidad; seguido del 27, sobre derecho y empleo; y el artículo 30, sobre participación en la vida cultural.
La investigación incide en que la discapacidad no es neutra en términos económicos y de renta, por lo que las familias de personas con discapacidad y por tanto las niñas y los niños con discapacidad que en ellas viven, “sufren más intensamente el riesgo de la pobreza y la exclusión, ya que la discapacidad lleva consigo casi siempre menor renta disponible y también mayor gasto, dándose el llamado agravio económico por motivos de discapacidad”.
ACTUALIZAR LAS CUANTÍAS Y MEJORAR PRESTACIONES DEL SAAD
En el 2023, CERMI ha instado a las comunidades autónomas a actualizar las cuantías económicas y a mejorar la intensidad de las prestaciones del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD) adecuándolas a los nuevos parámetros establecidos en el Real Decreto 675/2023, de 18 de julio.
En este contexto, han sido numerosas las quejas de personas usuarias del SAAD, en distintas comunidades autónomas, acerca de que sus prestaciones siguen en los mismos términos previos a la aprobación del Real Decreto citado, “por lo que no están disfrutando de estas mejoras, como es su derecho”.
El año pasado el CERMI destaca que ha desplegado una “intensa” agenda de incidencia política exigiendo a la Comisión Europea máxima ambición formal y material en la regulación de la tarjeta europea de la discapacidad, que tiene como objetivo que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho a la movilidad en la Unión Europea.
La organización considera “crucial” que la normativa europea adopte la forma de reglamento de la Unión, el mayor nivel normativo de las disposiciones comunitarias, y que comporta la aplicación directa de sus preceptos en todos los Estados miembro, sin necesidad de procesos de adaptación o transposición, que “ralentizan la entrada en vigor y suponen cambios de regulación entre países”.
En el ámbito de la movilidad de las personas con discapacidad, el CERMI ha interpuesto una queja ante la Defensora del Pueblo de la Unión Europea por “la deficiente regulación de los derechos de los pasajeros aéreos con discapacidad o con movilidad reducida, que mantiene un trato y una atención inadecuados y muchas veces discriminatorios hacia esta parte de la ciudadanía”.
ERRADICAR LOS ESPECTÁCULOS CÓMICOS TAURINOS
Asimismo, ha exigido que se promueva con celeridad la erradicación completa y total en todas las comunidades autónomas de los espectáculos cómicos taurinos, en los que, aún durante 2023, “han participado personas con displasias óseas”.
Entre los avances del año pasado, aplaude que la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) recoja normas favorables a la inclusión de las personas con discapacidad en las universidades.
En este sentido, subraya aspectos como la consideración transversal de la discapacidad en toda la renovada regulación del sistema universitario; las garantías de no discriminación, accesibilidad universal, acción positiva y ajustes; la exención del pago de matrículas para el estudiantado con discapacidad; la necesidad de que las universidades cuenten en su estructura con una unidad de atención a este grupo, constituyen elementos propicios para el ingreso, permanencia y progreso de las personas con discapacidad en la enseñanza superior.
También resalta cuestiones positivas recogidas en esta ley como el robustecimiento de la consideración de la discapacidad en la política de becas, el establecimiento de un cupo de reserva del 5% para los estudios de doctorado, inexistente hasta ahora; los apoyos para la movilidad internacional; la apertura de los consejos sociales de las universidades al tercer sector de acción social; o el refuerzo del cumplimiento de las cuotas de reserva en favor de personas con discapacidad en el acceso del personal docente e investigador.
En 2023 también vio la luz el Libro Blanco de Empleo y Discapacidad, un instrumento para el cambio del marco legislativo y de política pública del empleo y derecho al trabajo de esta parte de la ciudadanía, que todavía sufre tasas de inactividad y de paro mucho peores que el resto de la población.
No obstante, el CERMI advierte de que las personas con discapacidad “sufren altas tasas de desempleo, salarios más bajos, inestabilidad, precariedad laboral y falta de accesibilidad al entorno laboral”. Para la organización, las situaciones de pobreza, falta de empleo o falta de empleo bien remunerado “generan un caldo de cultivo que produce vulnerabilidad social y severas condiciones de exclusión”.
El informe también critica que en España es manifiesta la ausencia de cobertura legal para hacer efectivos en el Derecho interno las decisiones de los órganos de seguimiento de tratados internacionales de derechos humanos, en respuesta a quejas y reclamaciones de nacionales españoles.
Así, indica que son crecientes los pronunciamientos de órganos de seguimiento de tratados internacionales de derechos humanos, de los que España es parte, que amparan o dan la razón a personas que han visto vulnerados los derechos reconocidos en esos textos, a pesar de lo cual, carecen de procedimiento, jurisdiccional o administrativo, para hacerlos efectivos en España. “Quedan así desprotegidas a pesar de contar con una decisión favorable a sus derechos, pretensiones e intereses”, asegura.
Por último, CERMI reclama que los avances en el uso de la Inteligencia Artificial “no se conviertan en un ámbito en el que se cometan vulneraciones a los derechos humanos de las personas con discapacidad o que condicionen u obstaculicen el disfrute de los recursos y servicios disponibles para toda la población y la posibilidad de contribuir con sus capacidades al progreso de la sociedad”.
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