MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha planteado a la Unión Europea una regulación “lo más amplia y” exigente de la Tarjeta Europea de la Discapacidad, que “debe permitir que las personas con discapacidad disfruten en igualdad de condiciones de la libre circulación de personas”.
Tal y como ha explicado la organización, hasta ahora “las mercancías y los capitales tienen mayores garantías para su libertad de circulación dentro de la Unión Europea que las personas con discapacidad”, por lo que han solicitado que en su diseño se tengan en cuenta distintos elementos.
En primer lugar, han aludido a que su regulación se efectúe a través de Reglamento de la Unión Europea, máximo rango normativo de las disposiciones del territorio; así como a que se realice de acuerdo con lo que establece la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Asimismo, se han referido, por un lado, a la no discriminación de las personas con discapacidad, que “solo pueden disfrutar de la libre circulación de personas si existe el pleno reconocimiento de la condición de discapacidad en todos los países miembro”; y, por otro, al reconocimiento mutuo de la Tarjeta Europea de Discapacidad entre los Estados miembro, “sin necesidad de procedimientos de homologación que supongan cargas añadidas, dilaciones innecesarias o inseguridad jurídica”.
También han defendido que la nueva tarjeta debe permitir que las personas con discapacidad tengan acceso a todos los bienes, productos, servicios y prestaciones del Mercado Único y de los poderes públicos, de la propia unión y de los Estados miembros, lo que debe aplicar “sin ninguna restricción a proveedores públicos y a proveedores privados”.
La organización se ha referido también a la garantía de accesibilidad universal para estos bienes, productos y servicios, y ha abogado por que permita a las personas con discapacidad el uso y disfrute de los mismos recursos, “lo que incluye prestaciones personales, económicas y productos de apoyo necesarios para su autonomía personal que en su país de origen”.
En cuanto a las ayudas públicas, ha exigido que se permita el mismo acceso a prestaciones por razón discapacidad que los nacionales del país de la Unión Europea donde se resida. En esta misma línea, considera que “debe permitir disfrutar del mismo tratamiento e iguales beneficios fiscales que en su país de origen”.
Además, ha añadido que la Tarjeta Europea “deberá incluir estatutos preferentes para el disfrute de bienes, productos y servicios a las personas con discapacidad en mayor riesgo de exclusión, atendiendo a factores de intersección con la discapacidad”; así como para las mujeres y niñas con discapacidad víctimas de violencia y abuso y maltrato, “dispensando una atención urgente para las víctimas o personas más expuestas, de modo que se actúe preventivamente”.
En relación al soporte, el CERMI ha defendido que este debe ser material y digital y, en ambos casos, universalmente accesible y sin coste. Además, ha apostado por que las instituciones europeas y cada uno de los Estados Miembro difundan información sobre este documento de forma permanente.
También ha aludido a que las organizaciones representativas de las personas con discapacidad participen en el proceso de desarrollo, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación; así como a la necesidad de que el reglamento regulador se adopte “en el menor tiempo posible”.
Por último, ha puesto de manifiesto la necesidad de que se constituya una autoridad “destinada a garantizar el cumplimiento de la normativa relacionada con la implantación, seguimiento y evaluación de la Tarjeta Europea de Discapacidad”.
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