MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
CERMI Mujeres ha reclamado políticas inclusivas para erradicar la violencia hacia mujeres y niñas con discapacidad en la inauguración de su Conferencia Internacional, este viernes en Madrid, en la que se han intercambiado experiencias sobre cómo combatir la violencia contra mujeres y niñas con discapacidad.
La inauguración del encuentro ha contado con representantes de instituciones estatales de representación pública y del Tercer Sector, que han expresado su compromiso con la lucha contra la violencia hacia las mujeres y niñas con discapacidad, como detallan desde la entidad.
El encuentro ha sido inaugurado por la representante de Down España y patrona de la Fundación CERMI Mujeres, Blanca San Segundo Madoz, que ha pedido “respeto a la dignidad inherente de las personas con Síndrome de Down”, sin olvidar su “derecho a la autonomía y la libertad de tomar decisiones”. “Deseo que las niñas y mujeres con Síndrome de Down vivan una vida libre de violencia y abuso”, ha declarado.
Mientras, la presidenta de la Fundación CERMI, Concha Díaz Robledo, ha subrayado el papel de la entidad en la defensa de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, así como de sus cuidadoras, a lo largo de sus más de diez años de trayectoria. “Nos queda mucho por hacer, pero también mucho camino andado. Hemos contribuido a reformas clave, como la del artículo 49 de la Constitución o la tipificación penal de la esterilización forzada”, ha recordado.
Por su parte, la directora general del Instituto de la Juventud (INJUVE), Margarita Guerrero Calderón, ha abogado por “generar espacios seguros de participación para las jóvenes con discapacidad” y por visibilizar referentes femeninos que inspiren a las nuevas generaciones. “Las mujeres y niñas con discapacidad sufren más violencia que aquellas que no la tienen. Esto debe ser reconocido y abordado desde las instituciones”, ha remarcado.
A continuación, la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, ha insistido en la necesidad de aplicar una perspectiva interseccional en todas las políticas públicas. “Las desigualdades no operan de manera aislada, sino que se superponen y multiplican. Por eso necesitamos respuestas integrales, que no dejen a nadie fuera”, ha afirmado.
Cerrando la apertura, la secretaria de Estado de Derechos Sociales, María Rosa Martínez Rodríguez, ha enfatizado en que “el 20,7 % de las mujeres con discapacidad han sufrido violencia física o sexual por parte de alguna pareja” y “el 12 % lo ha hecho en razón directa de su discapacidad”.
MACROENCUESTA ESTATAL PARA DISEÑAR POLÍTICAS PÚBLICAS EFICACES
Posteriormente, la vicepresidenta de la Fundación CERMI Mujeres y del Comité de la CEDAW (ONU), Ana Peláez Narváez, ha lamentado que “hay más de dos millones y medio de mujeres con discapacidad en España”, pero no hay datos sobre la violencia que sufren por lo que ha pedido una macroencuesta estatal accesible para poder diseñar políticas públicas eficaces.
Al respecto, Peláez ha propuesto cinco ejes de acción: prevención, protección, detección, justicia y reparación; al tiempo que ha subrayado la necesidad de auditorías de accesibilidad, formación especializada para el personal judicial y mecanismos de protección que no dependan exclusivamente de la denuncia. “Las mujeres y niñas con discapacidad también somos eso: mujeres y niñas”, ha zanjado.
La jornada también ha contado con una mesa sobre prevención y protección de las mujeres y niñas con discapacidad frente a la violencia, dentro y fuera del hogar, en la que el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco, ha llamado a visibilizar y erradicar la violencia estructural que sufren las mujeres con discapacidad.
En este encuentro, Jorge Cardona, exmiembro del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, ha denunciado la invisibilidad de la violencia específica que sufren las niñas con discapacidad, particularmente en contextos institucionales, y ha advertido sobre la gravedad de los estereotipos, mitos y prácticas nocivas que perpetúan esta violencia.
Asimismo, Cristina Amich Elías, letrada del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, ha destacado la necesidad de incorporar el indicador de discapacidad en los registros judiciales de violencia de género y violencia sexual, y ha explicado que el Observatorio trabaja en el análisis estadístico y cualitativo de sentencias para avanzar en este ámbito, pero ha advertido que, sin recursos ni tecnologías adecuadas, “pedir más datos puede generar resistencia y frustración”.
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