MADRID, 14 (SERVIMEDIA)
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) inauguró este martes la primera conferencia de Cermi Territorios, que marca el inicio de un año clave para la inclusión, la sostenibilidad y los derechos de este colectivo.
Durante la sesión se presentó el informe Comparador Cermi Territorios 2024, una herramienta digital que analiza indicadores clave sobre discapacidad en las distintas comunidades autónomas.
También se destacó el primer Informe de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en Cataluña elaborado por Cocarmi, que visibiliza denuncias y avances desde 2019. Además, se abordaron retos como la reconstrucción tras la dana en la Comunidad Valenciana, la incorporación de la discapacidad en los planes de emergencias y la necesidad de garantizar financiación sostenible para el sector social.
La jornada reforzó el compromiso por una acción coordinada en beneficio de las personas con discapacidad en toda España.
INTERVENCIONES
Teresa Palahí, comisionada de Cermis Autonómicos, condujo la reunión mensual, en la que presentó a Jorge Abad Soto, responsable dentro del Equipo del Cermi Estatal del apoyo a los comités regionales.
Abad expuso un informe detallado sobre la herramienta digital Comparador Cermi Territorios 2024. Durante dicho año, se realizaron actualizaciones de datos proporcionados por diversos comités autonómicos, con un total de 4.403 visitas a la web. Las consultas se concentraron en temas como Centros Especiales de Empleo y Centros de Educación Especial.
Entre los avances logrados, destacó la inclusión de nuevos indicadores para el año 2024 y las propuestas para 2025, que incluyen la incorporación de indicadores relacionados con normativa autonómica.
Por su parte, Pilar Villarino, directora ejecutiva del Cermi Estatal, subrayó la importancia de los datos generados por el comparador como “una herramienta fundamental en la era de la inteligencia artificial”.
Tras ella, la presidenta del Cermi Andalucía, Marta Castillo puso en valor los logros y retos derivados de las recientes movilizaciones en la comunidad autónoma, y resaltó el éxito de la manifestación del 3 de diciembre de 2024, en la que participaron 15.000 personas en defensa de los derechos de las personas con discapacidad.
Como resultado, se espera una reunión con el presidente de la Junta de Andalucía en enero de 2025, a fin de abordar la falta de subvenciones nominativas, el aumento del coste por plaza y la garantía de sostenibilidad para centros de día y ocupacionales.
DANA
A continuación, Luis Vañó Gisbert, presidente del Cermi Comunidad Valenciana, subrayó los esfuerzos del colectivo organizado para minimizar el impacto de la dana, un desastre natural que, más allá de la devastación material, dejó al descubierto las vulnerabilidades de las personas con discapacidad y sus familias.
Con un balance de 224 vidas perdidas, entre ellas 10 personas con discapacidad, y más de 1.800 afectados, Vañó enfatizó que lo vivido ha sido “una prueba de resiliencia para la sociedad y, en particular, para el colectivo de personas con discapacidad”, dijo.
Desde el primer momento, Cermi CV movilizó recursos y estableció redes de colaboración que, según el presidente, demostraron la fuerza y unidad del tejido asociativo. “El papel del tercer sector ha sido inmenso; hemos asumido responsabilidades donde las Administraciones no llegaban, ofreciendo soluciones integrales en el caos más absoluto”.
En colaboración con la PTS, se formó un comité de crisis para coordinar acciones como la reposición de material ortoprotésico, medicamentos, apoyo jurídico y psicológico, y la continuidad de servicios esenciales, como el transporte adaptado.
Luis Vañó también subrayó la elaboración de un informe estratégico con visión transformadora, que recopiló datos y puso el foco en la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad afectadas. Este documento busca ser una hoja de ruta para futuras emergencias, fomentando la “corresponsabilidad y solidaridad” entre las entidades y las administraciones, e insistió en la necesidad de incluir las propuestas del tercer sector en un Plan Territorial de Emergencia Inclusiva, entregado a la Consejería de Interior, para garantizar una mejor respuesta en el futuro.
Seguidamente, Villarino convocó a los Cermis autonómicos a presentar propuestas para integrar el Plan de Actuación del Cermi Estatal, estableciendo en torno al 24 de febrero de 2025 como fecha límite para su envío. Este plan busca reflejar las necesidades y prioridades de los distintos territorios en una estrategia nacional conjunta.
Por su parte, María Jesús Baile, directora técnica del Cermi Madrid, detalló las modificaciones en la legislación autonómica de la Comunidad de Madrid, orientadas a adaptar la terminología sobre discapacidad en línea con el artículo 49 de la Constitución. A pesar de que la actualización integral del Estatuto autonómico aún está pendiente, apuntó que ya se han eliminado más de 120 términos inapropiados y se han modificado 16 decretos y 11 leyes.
Según Baile, “lo más importante ha sido garantizar el uso adecuado de la terminología, lo que representa un avance esencial en la normativa inclusiva de Madrid”.
DERECHOS HUMANOS
Después, Inma Gómez, directora técnica de Cocarmi, presentó el primer ‘Informe de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en Cataluña’ y ofreció un análisis del periodo 2019-2024, marcado por la pandemia.
Este trabajo recopila 516 denuncias, de las cuales el 40% están relacionadas con la falta de accesibilidad, especialmente en las Administraciones. También destaca 95 avances significativos, aunque en su opinión, “el modelo centrado en derechos humanos y en la Convención, aún no se está cumpliendo en Cataluña. Actualmente, el informe está en proceso de envío a las Administraciones, con el objetivo de convertirse en una herramienta de incidencia y monitoreo.
Pilar Villarino subrayó la relevancia de este tipo de informes elaborados desde los territorios, considerándolos esenciales para evaluar y avanzar en el cumplimiento de derechos, e invitaba a otros territorios a realizarlos.
En esta línea, José Antonio Romero, representante de Cermi Castilla-La Mancha, propuso al Plan de Actuación la creación de una herramienta conjunta para registrar y analizar en tiempo real las vulneraciones de derechos recogidas en la Convención. Pilar Villarino resaltó el papel de la Red de Defensa Legal en este ámbito.
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