MADRID, 21 (SERVIMEDIA)
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) Canarias ha instado al Gobierno regional a establecer “criterios claros y transparentes” para garantizar que no se produzcan casos de discriminación hacia personas con discapacidad en el acceso a la función pública.
Según explicó Cermi Canarias, ste llamamiento se produce tras el reciente caso de Uxía García, profesora con un 66% de discapacidad visual, quien tras superar las oposiciones al Cuerpo de Maestros en Canarias en 2024 fue declarada “no apta” para ejercer funciones de Pedagogía Terapéutica por la Inspección Médica. García, que había demostrado su competencia en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Domínguez Alfonso de La Orotava, enfrentó un cese cautelar que ha sido revertido temporalmente gracias a la intervención de la Consejería de Educación, aunque no podrá ser declarada funcionaria hasta que se resuelva el proceso contencioso-administrativo.
Cermi Canarias considera que este caso refleja una discriminación flagrante hacia las personas con discapacidad, contraviniendo la Constitución Española (artículos 14 y 49) y la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
“La falta de protocolos claros y objetivos en los procesos de selección y evaluación genera situaciones de discriminación y arbitrariedad, vulnerando el principio de igualdad de oportunidades. Además, a pesar de lo estipulado en el Decreto 8/2011, de 27 de enero, que regula el acceso al empleo público de las personas con discapacidad, no se implementan los ajustes razonables necesarios para garantizar su desempeño laboral en igualdad de condiciones. También se han detectado irregularidades en los criterios aplicados por la Inspección Médica, poniendo en riesgo los derechos de los aspirantes con discapacidad al ignorar informes médicos, administrativos y profesionales que avalan su capacidad”, explicó Cermi Canarias.
PROPUESTA
Ante esta situación, Cermi Canarias solicita al Gobierno autonómico la creación de un protocolo específico que regule los procesos de evaluación y selección para personas con discapacidad, con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades y prevenir discriminaciones. “Este protocolo debe incluir criterios objetivos y ajustes razonables en línea con los principios de la Convención de la ONU y la legislación vigente. Asimismo, se propone una revisión y actualización de las guías y normativas aplicadas por la Inspección Médica, asegurando que respondan a las necesidades reales de las personas con discapacidad y respeten sus derechos”, precisó.
También destaca “la importancia de establecer un canal de diálogo efectivo entre la Consejería de Educación, la Consejería de Función Pública y las entidades que representan a las personas con discapacidad, para coordinar acciones y garantizar el cumplimiento de la normativa. Paralelamente, se debe ofrecer apoyo jurídico y administrativo a las personas afectadas, asegurando su defensa en los procedimientos contenciosos administrativos que puedansurgir”.
Desde Cermi Canarias reiteraron “nuestro compromiso con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Es urgente que el Gobierno de Canarias adopte medidas inmediatas para garantizar que situaciones como la de Uxía García no vuelvan a repetirse. Las personas con discapacidad merecen ser tratadas con justicia y respeto, y el cumplimiento de la normativa es un paso esencial para construir una sociedad más inclusiva”.
Tal y como relató Servimedia, Uxía García aterrizó en Tenerife el pasado 28 de agosto llena de ilusión y con un futuro profesional estable por delante. Transcurridos unos días, firmó un contrato de funcionaria en prácticas y a los tres días le llamaron para una evaluación sobre su idoneidad para un puesto de trabajo que ya estaba desempeñando. “Me sentí como en una encerrona. Me dijeron que no confiaban en mí por mi discapacidad visual, según ellos. ‘Puede que se te lance por la ventana un niño y no te dé tiempo de reaccionar por no verlo’, me dijeron. ¡Palabras textuales!”.
Otro de los argumentos que esgrimieron fue, por ejemplo, que debía tener en cuenta que dar clase a un alumno con necesidades especiales equivale a un aula con 30 niños sin discapacidad. “Pero, ¿esto es verdad?” se repetía.
Uxía García subrayó que jamás pondría en riesgo a nadie bajo su cuidado. De hecho, durante aquel tiempo fue responsable del alumnado en varias excursiones fuera del centro, se encargó de las clases de los alumnos de infantil y supervisó las guardias de las tardes. A los pocos días, recibió un informe de la comisión médica de valoración dependiente de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias. En dicho documento se determinaba que no era apta para el desarrollo de las funciones como docente de Educación Especial-Pedagogía Terapéutica atendiendo al grado de agudeza y campo visuales.
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