MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
La Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES) considera que el proyecto de Ley Integral de Economía Social, actualmente en tramitación parlamentaria, va a ser “un instrumento transformador” que, a su juicio, fortalecerá “aún más, este modelo empresarial que está en auge, tanto en España como a nivel internacional”, a la vez que reforzará “la creación y mantenimiento de empleo estable e inclusivo, prestando especial atención a los colectivos en situación de vulnerabilidad social”.
En concreto, esta futura norma modifica tres leyes sustantivas, la de Economía Social, la de Cooperativas y la de las Empresas de Inserción. Además, la ley incorpora a los centros especiales de empleo de iniciativa social dentro del marco legal de la Ley 5/2011, de Economía Social, ya que son este tipo de centros los que cumplen con los principios y valores que establece este marco normativo.
La Patronal de la Economía Social recuerda que los centros especiales de empleo de iniciativa social son aquellos que tienen por objeto proporcionar empleo remunerado a personas con discapacidad y que están promovidos y participados en más de un 50% por entidades sin ánimo de lucro o por entidades que tienen reconocido su carácter social en sus estatutos y que reinvierten íntegramente sus beneficios en la creación de oportunidades de empleo para personas con discapacidad y la mejora continua de su competitividad.
Según el presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño, “la inclusión de los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social dentro de las entidades de la Economía Social responde a una razón fundamental: son estos centros, y no otros, los que operan bajo los principios y valores que definen la Economía Social”.
“Su actividad se basa en la primacía de las personas sobre el capital, la solidaridad, la sostenibilidad y el compromiso con el desarrollo social y laboral de las personas más vulnerables. Este reconocimiento no solo refuerza su labor, sino que también pone en valor su papel como agentes de cambio y cohesión en nuestra sociedad”, asevera.
A su vez, indica que el Proyecto de Ley Integral mejorará el ámbito laboral de las personas en situación o riesgo de exclusión social introduciendo mejoras significativas que faciliten su incorporación en el mercado laboral a través de las empresas de inserción. Entre estas mejoras se incluyen, dentro del ámbito de la Ley que regula las empresas de inserción, nuevos colectivos entre los que se encuentran las personas sin hogar que aun trabajando no tienen garantizados ingresos suficientes, los desempleados de larga duración, las mujeres víctimas de violencia de género, los jóvenes en riesgo de exclusión y las personas con discapacidad Otras modificaciones que incluye esta futura norma afectan al funcionamiento interno de las cooperativas, por lo que contempla cambios en la Ley 27/1999.
Esta actualización responde a los desafíos que plantea el avance tecnológico, promoviendo la digitalización de los procesos de gestión de las cooperativas; incorporando las transformaciones del mercado laboral, garantizando mayor flexibilidad y equidad en las relaciones laborales; y optimizando la aplicación de las normativas fiscales para facilitar el cumplimiento de su finalidad societaria.
En definitiva, la introducción de estas medidas responde a la necesidad de adaptar las normas incluidas en esta ley al panorama socioeconómico actual, para favorecer un mejor desarrollo de la actividad de los principales actores del modelo de la economía social y para garantizar el mantenimiento y la creación de un empleo, de calidad, estable e inclusivo.
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