MADRID, 09 (SERVIMEDIA)
La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes) valora de forma positiva la aprobación del anteproyecto de Ley Integral de Impulso de la Economía Social, al considerarlo una “reforma necesaria” para mejorar la competitividad, interlocución, reconocimiento y visibilidad de este sector, y al contemplar gran parte de las demandas surgidas en el seno de la patronal.
Cepes ha colaborado con el Ministerio de Trabajo y Economía Social, desde la publicación de la consulta pública previa sobre el anteproyecto de Ley Integral de Economía Social en 2022 hasta el día de hoy, realizando aportaciones que han servido para apoyar la configuración del anteproyecto de Ley Integral de Impulso de la Economía Social.
Con el fin de mejorar, alinear y adaptar al máximo el marco legal de la futura Ley Integral de Economía Social, Cepes ha elaborado un documento de observaciones y propuestas, de forma consensuada con el sector, que entregará a todos los grupos parlamentarios.
En concreto, parte de estas propuestas responden a la evolución experimentada en el ámbito socioeconómico, que, según explican desde Cepes, “ha dado lugar a nuevos requerimientos marcados por un mercado más global, interconectado, y digitalizado y, por tanto, con necesidad de nuevas respuestas sociales que demandan adaptaciones normativas para que todas las fórmulas jurídicas societarias de la Economía Social y, en especial las sociedades cooperativas y las empresas de inserción, puedan actuar en igualdad de condiciones”.
Para el presidente de Cepes, Juan Antonio Pedreño, este anteproyecto de ley “representa una reforma significativa y necesaria para el conjunto de la economía social en España y, especialmente, para el movimiento cooperativo y las empresas de inserción, que necesitan actualizar su régimen jurídico a las necesidades actuales de estas empresas”.
Para ello, Pedreño explicó que se va a requerir un análisis detallado y de un debate constructivo en sede parlamentaria, “en el que Cepes está dispuesto a colaborar para aportar toda la información necesaria y responder a las dudas que puedan surgir a los miembros del Congreso de los Diputados y del Senado”. “Nuestro objetivo es que esta ley sea aprobada por unanimidad tal y como ocurrió en el 2011, ya que ello permitirá trabajar con una garantía jurídica y de sostenibilidad en el tiempo”, añadió.
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