MADRID, 22 (SERVIMEDIA)
Las patronales CEOE, Cepyme y ATA mostraron este miércoles su rechazo a la reforma del Estatuto de los Trabajadores aprobada el martes por el Consejo de Ministros tras un acuerdo con el PNV, por el que los convenios autonómicos tendrán prioridad aplicativa sobre cualquier otro sectorial o estatal.
En un comunicado conjunto, las tres patronales señalan que el Gobierno “sigue ahondando en la deriva intervencionista que hace mucho tiempo venimos denunciando en el ámbito de las relaciones laborales, al modificar sustancialmente, de forma unilateral y para cumplir con pactos políticos, el espacio de negociación exclusivo y autónomo del que se han dotado tradicionalmente empresas y trabajadores”.
Según CEOE, Cepyme y ATA, el Ejecutivo “lo ha vuelto a hacer saltándose la obligada consulta en el diálogo social, tal y como mandata el artículo 7 de la Constitución, del mismo modo que ha hecho con numerosas normas en los últimos meses, de nuevo socavando la autonomía de las partes y sin tener como objetivo el interés general y la prosperidad económica del país”.
“Más allá de las formas, en la práctica esta medida atenta contra la unidad de mercado a nivel nacional, en dirección contraria precisamente de los esfuerzos que a nivel europeo se están desarrollando para reforzarla como elemento fundamental de la futura competitividad de la UE y de España”, agrega el comunicado.
VULNERACIÓN DELIBERADA
Las patronales acusan al Ministerio de Trabajo de estar deliberadamente vulnerando los acuerdos alcanzados en el marco de la última reforma laboral, “en cuyas negociaciones ya pactamos no abordar la cuestión de la prevalencia de los convenios al entender todas las partes que era dañino para los intereses generales y anacrónico en el contexto actual”.
“Consideramos que es una cuestión especialmente grave en tanto que dicha reforma laboral constituyó un hito del Plan de Recuperación y Resiliencia que sirvió para atraer cuantiosas cantidades de dinero a España”, subraya la nota.
CEOE, Cepyme y ATA aprovechan el comunicado para declarar como “incomprensible” “la actitud del Gobierno de querer romper el diálogo social al forzar la entrada en foros de diálogo a actores afines a sus intereses, como se ha vuelto a ver en el mismo real Decreto-ley de este martes, con los cambios en el reglamento del CES”.
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