MADRID, 13 (SERVIMEDIA)
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) manifestó este martes su “preocupación” ante la peligrosa deriva adoptada en el último acuerdo del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior acerca de las propuestas del Reglamento sobre la Gestión del Asilo y la Migración (RAMM) y del Reglamento sobre Procedimientos Modificado (APR), que constituyen las bases del nuevo Pacto de Migración y Asilo en la UE.
Para su directora general, Estrella Galán, “el acuerdo adoptado va en contra del principio de responsabilidad compartida e incrementa la presión sobre los países fronterizos como España”. “Por ello, no entendemos las razones que han llevado al ministro de Interior a calificarlo de éxito rotundo, teniendo en cuenta la situación de nuestro país”, apuntó Galán.
Entre las cuestiones “más preocupantes”, CEAR destacó “el sistema de ‘solidaridad a la carta’” que permite la elección entre acoger personas refugiadas reubicadas desde los países con mayor presión de llegadas o financiar acciones en materia de control migratorio y fronterizo.
Según CEAR, el acuerdo “blinda más el sistema de Dublín” y penaliza a los países de entrada como España cuando se produzcan movimientos secundarios, al incrementar el plazo de responsabilidad sobre la persona a tres años (actualmente es uno).
También mantiene por defecto la obligación de examinar las solicitudes de protección internacional en el primer país de entrada, y no contempla la existencia de otros vínculos familiares para la movilidad de las personas a otros Estados, vulnerando el derecho a vivir en familia.
Por otro lado, se fija un objetivo obligatorio de tramitar 30.000 solicitudes de asilo mediante el procedimiento fronterizo aunque la persona se encuentre en territorio, con el fin de que sean más acelerados. En opinión de CEAR, “esto dificulta la valoración individualizada que se presupone cuando la solicitud de asilo es estudiada en territorio”.
Además, se anuncia una rebaja de las garantías procedimentales básicas, poniendo en riesgo la asistencia jurídica gratuita y el derecho de la persona a ser debidamente informada.
El acuerdo consolida el concepto de ‘tercer país seguro’ y deja a la discrecionalidad de cada Estado miembro de la UE determinar qué país lo es, pudiendo así inadmitir sus solicitudes. Esto permite devolver a personas refugiadas incluso a países de tránsito como Marruecos, Libia, Túnez o Turquía, en los cuales se han registrado reiteradamente violaciones de los derechos humanos.
Para Galán, la posición del Consejo “no proporciona una solución real y efectiva a las deficiencias del sistema actual de migración y asilo”, y fundamenta su enfoque de manera excesiva en la presunción de que la mayoría de las personas que llegan no tienen necesidades de protección.
“Este acuerdo tampoco atiende la necesidad de habilitar más vías legales y seguras, sino todo lo contrario. Se imponen más obstáculos, expulsando a las personas a países no seguros”, denunció Galán.
Ahora se abre el periodo de negociación de este acuerdo entre el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo.
Por ello, CEAR pidió a España que juegue un papel clave durante su presidencia del Consejo de la Unión Europea, de cara a alcanzar un acuerdo definitivo “donde se ponga a las personas y sus derechos en el centro”, y no repitiendo “las políticas de blindaje de fronteras, que han sido un fracaso desde los años 90”. Para la organización, España tiene una “oportunidad única” de liderar un cambio de políticas migratorias y de que la Unión Europea no retroceda en materia de asilo y derechos humanos.
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