MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (CEAPA) y Justicia Alimentaria han advertido de que el proyecto de real decreto para el fomento de una alimentación saludable y sostenible en centros educativos, organizada por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, “es insuficiente”.
Ambas organizaciones consideran que el proyecto “no pasa de ser una declaración de buenas intenciones, sin objetivos concretos y sin aportar las herramientas imprescindibles para que en los centros educativos se haga realmente efectivo el derecho a una alimentación saludable, adecuada y accesible”.
Además, creen que es “imprescindible” aumentar el presupuesto destinado a la compra alimentaria de los comedores escolares, porque el precio de los alimentos “se ha encarecido de manera notable los últimos años”. “Se compran productos más baratos y se consumen más productos de lejanía y, a menudo, menos saludables”, aseguran.
En el caso de los alimentos de temporada, por ejemplo, han apuntado que “se debería crear un calendario por cada comunidad autónoma para que cada centro pudiera seguirlo y, así, con el resto de los conceptos, como el de proximidad, en el que se deberían concretar los kilómetros que se pueden abarcar para cada producto”
Las organizaciones han defendido un servicio de comedor público, de calidad y gratuito para todas las personas que lo necesiten, ya que, a su juicio, los comedores escolares “son esenciales como parte de la educación, para la conciliación, para adquirir hábitos saludables y para proporcionar una alimentación sana y de calidad, y atender al alumnado de todas las familias, en especial las vulnerables”.
Por ello, han incidido en que resulta “de vital importancia” poner en marcha campañas de sensibilización a las familias sobre la importancia de una alimentación saludable y sostenible en edad escolar, “con especial hincapié en la adolescencia, sector de la población que dispone ya de recursos para un consumo responsable”.
La situación actual, en sus palabras, requiere “apoyo urgente” por parte del Estado y las comunidades autónomas, por lo que han exigido que se tomen medidas para la mejora de los comedores escolares, “en los que muchos menores comen durante cerca de diez meses al año, la duración del curso escolar”.
Ambas organizaciones han lamentado que en el nuevo proyecto se habla de conceptos como alimentación de temporada o de proximidad “sin definir lo que son, lo cual genera confusión y margen de interpretación de lo que significan e implican cumplir”.
LAS FAMILIAS RECLAMAN QUE LOS NUEVOS CENTROS TENGAN COCINA Y COMEDOR
Por su parte, las familias han reclamado que se mantenga la cocina in situ en los centros donde funcione, recuperar las cocinas en desuso y que los centros educativos públicos de nueva creación tengan cocina y comedor. La comida del mediodía en el centro educativo es, según han subrayado, “la principal y la única que puede garantizar un consumo de nutrientes adecuado para millones de menores de familias con pocos recursos”.
Para Justicia Alimentaria, el porcentaje, recogido en el proyecto de real decreto, de que al menos el 5 por ciento del total de alimentos ofertados sean de producción ecológica “está muy lejos de los objetivos de la estrategia europea ‘De la granja a la mesa’, que se sitúa en torno al 25 por ciento”, ya que en España “no existen problemas de producción ecológica, puesto que es el primer país en superficie y producción de la Unión Europea”.
“Por eso no tiene sentido vincular el incremento de alimentos de producción ecológica en los menús escolares al incremento de hectáreas dedicadas a este tipo de producción o al número de operadores. Actualmente, la oferta existente puede cubrir un porcentaje superior, como ya ocurre en otros países europeos como, por ejemplo, Francia e Italia”, ha explicado la entidad.
“CONCRETAR Y DEFINIR” LOS CRITERIOS QUE BUSCA EL PROYECTO
Las organizaciones también han puesto de manifiesto que, en otros puntos del documento, se utiliza “de manera reiterada” el verbo ‘priorizar’, que “no implica ningún compromiso ni obligación para que la medida propuesta se cumpla”.
“Se debería concretar y definir el criterio si realmente se busca que se cumpla, como en el caso que propone: ‘Se priorizará la compra de alimentos en cuya producción se hayan respetado las normas de producción integrada y de bienestar animal y la de los productos alimenticios, marinos y de la acuicultura más respetuosos con el medioambiente'”, han precisado.
También han hecho mención a los pliegos de prescripciones técnicas que garanticen que el servicio de comedor y demás contratos para proveer alimentos en los centros educativos incorporan criterios de salud, sociales y medioambientales. Para mejorar el mecanismo de control sobre el funcionamiento del servicio, las organizaciones han apostado por “introducir mejoras en tres aspectos fundamentales: la transparencia, la accesibilidad a las actas de incumplimiento y la valoración del alumnado usuario del servicio”.
CEAPA y Justicia Alimentaria han propuesto incorporar a nivel curricular la educación alimentaria saludable, “factor determinante para generar una sociedad informada y crítica sobre los impactos de la alimentación insana”.
“Es fundamental también una legislación que ampare, proteja y garantice el derecho de la adolescencia (en Institutos de Educación Secundaria o Formación Profesional) a continuar con la alimentación que disfrutaron en Infantil y Primaria. No entendemos que se haya excluido la etapa 0-3 tan importante de la vida”, han comentado.
PLÁSTICOS Y DESPERDICIO ALIMENTARIO
En lo referente a la reducción del desperdicio alimentario y del consumo de plásticos, consideran el nuevo texto “tampoco marca unos objetivos concretos ni establece ningún compromiso ni obligación”. No obstante, han matizado existe una normativa y un plan estatal que regula el desperdicio de alimentos, y “el criterio debería ser coherente con esta normativa para que fuera clara y estuviera bien definida”.
Lo que sí define el proyecto son las cantidades que deben contener las monodosis de sal, azúcar, aceite, vinagre y otras salsas. Sin embargo, Justicia Alimentaria piensa que “no se deberían regular las cantidades máximas de monodosis, sino que se debería apostar por la reducción o la eliminación de su uso en coherencia con la estrategia de reducción de plásticos de un solo uso y la reducción de la contaminación y de emisiones de CO2”.
Tal y como sugiere el proyecto del nuevo decreto, se plantea la posibilidad de que existan máquinas expendedoras, siempre y cuando no se encuentren situadas en los pasillos principales.
No obstante, las organizaciones han incidido en que el planteamiento “debería ser la prohibición de la venta de cualquier alimento que no sea saludable y sostenible en máquinas expendedoras”. A su vez, han defendido que no debería existir la posibilidad de venta de bebidas de ningún tipo, tampoco de agua, y que en su lugar hubiera fuentes de agua potable.
- Te recomendamos -
