MADRID, 27 (SERVIMEDIA)
CCOO reclama “incrementar de forma clara y sostenida la inversión en la educación pública para mejorar la calidad y accesibilidad, lo que contribuiría a abordar las disparidades actuales y fomentar una educación superior equitativa e inclusiva”.
Así lo concluye el informe ‘La financiación de la educación universitaria en España’, realizado por la Fundación 1º de Mayo, que el sindicato presentó este jueves en Madrid para pedir “urgencia” en adoptar medidas para el sistema universitario público.
El documento recuerda que la Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario (LOSU), en su artículo 55.2, establece el objetivo de alcanzar un mínimo de financiación pública del 1% del PIB para las universidades públicas para 2030.
“En valores absolutos, y basándose en el PIB de 2022, este 1% representaría 13.464 millones de euros. En ese año, las transferencias corrientes y de capital de las comunidades autónomas y del Estado a las universidades públicas presenciales representaban el 62,5% de esa cantidad (o el 57,7% considerando solo las comunidades autónomas)”, indicó CCOO.
El texto también subraya que “todas las Administraciones públicas deben garantizar, entre otras cuestiones, el marco de financiación necesario y suficiente para asegurar las condiciones necesarias para que las universidades puedan cumplir con su mandato de formar personas libres, críticas y con plenas capacidades, habilidades, conocimientos y experiencias para su desarrollo personal, social y profesional, con independencia de su realidad personal, social y económica”.
Pese a ese porcentaje que plantea la LOSU, el informe apunta también que el gasto público en educación universitaria en España “tiene el reto de ir aumentando para equilibrarse con la media europea”. Explica que en 2021, el gasto público en educación superior en España fue del 2,19%, por debajo del promedio de la OCDE (2,72%) y también de la UE (2,44%). Además, las conclusiones subrayan que España destinó el 0,96% de su PIB al gasto público en instituciones de educación superior (el 0,85% a universidad, que en 2022 bajó al 0,83%), valor inferior al de la OCDE (0,99%).
Asimismo, el gasto total por estudiante de las instituciones de educación superior en España en 2021 fue de 14.432 euros, un 23,6% inferior a la media de la OCDE (18.900) y un 21,8% por debajo del dato de la UE (18.465).
UNIVERSIDADES PÚBLICAS
El informe presentado por CCOO entiende la necesidad de financiar mejor el sistema universitario público frente a la red privada: “Hay una falta de financiación estructural de la formación superior pública tanto presencial como a distancia. Esto afecta la calidad del sistema universitario y limita el número de plazas ofertadas, lo que sin duda favorece el incremento del número de universidades privadas”.
En el curso 2023-2024 había 91 universidades en funcionamiento, 50 de ellas públicas y 41 privadas (el 45%). Desde la creación de la última universidad pública en España (la Politécnica de Cartagena, en 1988) se han creado 27 universidades privadas y en estos momentos se encuentran en tramitación otras nueve universidades privadas. En paralelo, la universidad pública ha reducido el número de alumnos, mientras ha crecido el número de matrículas en la privada.
“Las universidades públicas se financian principalmente por las transferencias autonómicas, corrientes y de capital, y por las tasas y precios públicos que paga el estudiantado”, prosigue el informe, que detalla las autonomías con menor peso de financiación pública (Madrid y Cataluña, con unos 7.000 euros por estudiante matriculado, frente a los casi 11.000 de Navarra.
“Se deben revisar las políticas de acceso a las universidades públicas para que consideren el contexto socioeconómico del alumnado y sus familias, estableciendo cuotas de ingreso preferencial para alumnado en situación socioeconómica desfavorable y proporcionando recursos de estudio gratuitos o a bajo coste ajustada a la realidad de la persona usuaria, así como planes de préstamo de equipos”, reclama el texto.
“La financiación pública, en todas sus modalidades, debe destinarse a las universidades públicas”, prosigue el estudio, que afea que “las universidades privadas cuentan sin embargo con mecanismos públicos que favorecen su financiación, como son las becas y las exenciones y reducciones fiscales”, mientras el gasto de las familias en educación superior en España se encuentra por encima de la media de los países de la OCDE.
“Los hogares en España aportan el 30,38% del gasto en educación terciaria frente al 22,02% que aportan de media en los hogares de los países de la OCDE. Este porcentaje viene incrementándose desde 2012 (22,62%) debido fundamentalmente a los grados de alta especialización y másteres, y en especial en instituciones privadas”, argumenta el informe.
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