MADRID, 11 (SERVIMEDIA)
CCOO señaló este jueves que las medidas tomadas por el Gobierno en materia de vivienda son “positivas” pero requieren “medidas adicionales” porque “muchas de ellas” están teniendo “efectos limitados e insuficientes” para el objetivo de garantizar y facilitar el derecho al acceso a una vivienda digna y asequible.
Así lo trasladó el sindicato después de participar en la reunión mantenida en Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que junto organizaciones empresariales, profesionales y sociales, se han tratado y analizado el conjunto de medidas y políticas en materia de vivienda que se han venido implementando durante el último año.
CCOO destacó que el acceso a la vivienda, tanto en alquiler como en compra, se ha convertido en un “problema transversal y persistente” de la sociedad española, debido al “aumento constante de precios, muy por encima de los ingresos de los hogares”.
Pese a la buena valoración de las medidas, el sindicato trasladó que el principal déficit de la Ley de Vivienda es que “dotaba en exclusividad” a las comunidades autónomas de la potestad de declaración de zonas tensionadas y sin esta declaración previa no es posible controlar los precios de los alquileres. CCOO recordó que la mayoría de comunidades ha decidido no aplicar sus competencias.
Otro aspecto de la ley,que no se está cumpliendo es la prohibición de cobrar a los inquilinos los honorarios de agencia por parte de las inmobiliarias, ya que, según el sindicato, varias asociaciones de consumidores han denunciado que se les continúa imputando este gasto “disfrazado” de servicios que coinciden en el importe con los honorarios de agencia.
La ley tampoco regulaba la vivienda de uso temporal o el alquiler por habitaciones, algo que como el sindicato trasladó que podría convertirse en un “coladero” para saltarse la ley en lo referente a la limitación anual de precios o los honorarios de agencia.
En cuanto al objetivo del Gobierno de alcanzar en 20 años un 20% de viviendas públicas sobre el total del parque, CCOO considera necesaria la adquisición de vivienda privada ya construida y disponible por parte de las administraciones públicas para su posterior puesta y gestión en el mercado del alquiler a precios limitados.
La otra medida complementaria sería la rehabilitación de vivienda privada vacía para ponerla en el mercado de alquiler a precios asequibles. La rehabilitación sería asumida por las Administraciones Públicas, y estaría sujeta a la cesión de la vivienda por parte del propietario durante un periodo de tiempo, hasta 10 años, con garantías de reintegro en buenas condiciones una vez finalizado el periodo pactado.
ALQUILER Y COMPRA
Para el sindicato el Bono Alquiler Joven ha sido medida “positiva”, pero se ha mostrado “insuficiente y poco eficaz en sus objetivos”, en la mayoría de las ocasiones por el “bajo desempeño” de las comunidades autónomas, que han sido las responsables de su gestión. Por ello, CCOO apuesta por ligar esta ayuda a un compromiso de cofinanciación y resultados por parte de las comunidades autónomas.
Acerca de la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que garantiza hasta el 20% de la hipoteca para jóvenes de hasta 35 años y familias con menores, el sindicato cree que puede “facilitar la emancipación temprana” de las personas jóvenes con capacidad de compra y facilitar la adquisición de una vivienda a familias con hijos. No obstante, pero creen que “debe aplicarse de forma que no sirva para incrementar de nuevo el precio final de las viviendas, como ya ocurrió con las desgravaciones en el IRPF hasta el año 2013”.
IPREM
Otra medida que facilitaría el acceso de la población a la vivienda, según CCOO, sería el incremento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem). Ocurre que, para acceder a la compra o alquiler de una vivienda pública con cualquier tipo de protección, los ingresos de la unidad familiar están limitados en función de este indicador. Éstos se sitúan entre 2,5 y 7,5 veces o, en el caso del Bono al Alquiler Joven hasta tres veces el Iprem.
CCOO señaló que, con los aumentos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y de los salarios en los últimos años, conjugado con el estancamiento y las subidas del Iprem, se han convertido en un “obstáculo más” para que las familias puedan acceder a solicitar viviendas públicas protegidas sobre todo las VPO de categoría especial.
Según sus cálculos, a partir de datos de la Agencia Tributaria y Encuesta de Presupuestos Familiares del INE, una subida del 5% del Iprem para el año 2024, significaría que 200.000 hogares más podrían cumplir los requisitos de ingresos para poder solicitar una vivienda pública protegida.
HIPOTECAS
Por último, CCOO apuesta por profundizar en las políticas de control de precios de la deuda hipotecaria que se ha visto afectada por la política de elevación de tipos de interés, lo que ha provocado “una disminución de la renta disponible de las familias con hipotecas, por el aumento de las cuotas hipotecarios que han superado los límites del 30%”.
El sindicato indicó que el Código de Buenas Prácticas financieras y sus sucesivas reformas han resultado “insuficientes e ineficaces”, principalmente por los “múltiples requisitos” que se continúan solicitando a los deudores para poder acceder al mismo y porque su aprobación continúa en manos del criterio de las entidades financieras.
CCOO defiende que la finalidad de las políticas en materia hipotecaria debe ser la de “atenuar a las familias el efecto del incremento de los tipos de interés facilitando la novación y/o subrogación de las hipotecas de tipo variable a fijo”, de manera que “se minimice el coste para los hipotecados, se facilite el crédito a las familias y a su vez, se minimice el riesgo de impago para las entidades financieras”.
Por ello, CCOO considera necesario abordar una transformación del mercado hipotecario limitando el incremento de las cuotas de los préstamos a no más del 30% de las rentas de los hipotecados. A la vez pide establecer que los tipos de interés fijos sean la referencia habitual para las hipotecas vinculados al precio de la deuda pública del Estado a largo plazo, similar al modelo vigente en Francia, donde ese establece un tipo máximo “de usura” para préstamos hipotecarios.
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