MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
Coalición Canaria ha pedido al Gobierno a través de una Proposición No de Ley (PNL) que modifique la ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales para incluir una disposición que obligue a las comunidades autónomas a desarrollar una normativa que garantice la existencia de servicios veterinarios de urgencia de guardia en sus territorios.
La iniciativa, que ha sido registrada en el Congreso de los Diputados para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo, pide que esta nueva regulación contemple criterios similares a los aplicados en el sistema de farmacias de guardia, como la obligación de ofrecer disponibilidad de servicios veterinarios de urgencia en horarios no habituales; la coordinación de turnos de guardia entre clínicas veterinarias privadas y centros públicos, si los hubiera; y el acceso universal y equitativo a estos servicios, con independencia de la ubicación geográfica.
El texto, presentado por la diputada Cristina Valido García, insta al Ejecutivo a desarrollar una estrategia de coordinación con las comunidades autónomas para facilitar la implementación homogénea de esta normativa, respetando sus competencias y particularidades territoriales. A su vez, le invita a promover mecanismos de colaboración público-privada para garantizar la viabilidad económica y operativa de los servicios veterinarios de guardia, evitando cargas desproporcionadas sobre los profesionales del sector.
Por esta parte, le solicita que promueva la inclusión en el Plan Estatal de Protección animal de prestación de servicios veterinarios bajo esos criterios. Asimismo, le reclama que garantice que las tarifas aplicadas por los servicios veterinarios de urgencia de guardia no incluyan recargos adicionales por la condición de “urgencia” y evite así que el coste económico sea un obstáculo para los propietarios de animales a la hora de acudir a estos servicios.
Valido incide en la ausencia de una regulación que garantice la existencia de servicios veterinarios de urgencia accesibles para la atención inmediata de animales en situaciones críticas, un “vacío normativo” que “genera desigualdad territorial en el acceso a estos servicios”. A su parecer, su propuesta “no solo reforzaría el bienestar animal, sino que también contribuiría a la salud pública al facilitar el tratamiento inmediato de posibles zoonosis o enfermedades transmisibles”.
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