MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
La diputada de Coalición Canaria (CC) Cristina Valido García defenderá la próxima semana en el Congreso, a través de una moción consecuencia de interpelación urgente, que los órganos de gestión del parque marino del Mar de las Calmas que se pretende declarar en el entorno de la isla de El Hierro otorguen “una correlación de fuerzas que impidan una clara mayoría de la Administración del Estado” con respecto a la isla de El Hierro y la Comunidad Autónoma.
En el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, CC insta al Ejecutivo a pedir al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que “cualquier figura de protección” que se declare en el entorno de El Hierro “entronque y no limite los usos y costumbres” que “engrandecen” la relación de la isla con nuestro medio marino y que conforman la “idiosincrasia” herreña.
En este sentido, recalca que no se puede utilizar un parque nacional marino como un instrumento de protección “limitante o restrictivo de lo que ha sido un caso de éxito de uso y gestión del medio marino”, lo que implicaría un “rechazo frontal” por parte de la ciudadanía herreña.
Asimismo, considera que cualquier propuesta legislativa o de plan rector deberían valorarse previamente por los principales sectores socioeconómicos afectados, al objeto de que en el trámite parlamentario al menos los grupos conozcan “claramente” cuál es el parecer de la ciudadanía sobre la que van a legislar.
A su vez, piden “trasparentar” y abrir un proceso de participación y consulta a la ciudadanía herreña sobre las directrices y zonificación que podrían regir el potencial parque nacional para que sea esta y sus instituciones quienes decidan finalmente la conveniencia y características de dicho parque.
Además, solicita al Gobierno dar cuenta del presente acuerdo a la Dirección insular de la Administración General del Estado en El Hierro, así como al Ministerio competente.
A juicio de la formación, el “Parque Marino no responde a una necesidad ambiental” ya que afirman que “responde a una necesidad política del Estado por cumplir con los compromisos que tiene España con la Unión Europea en materia de superficie protegida mediante este instrumento específico”.
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