MADRID, 01 (SERVIMEDIA)
El Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) debería garantizarse con una mejora de la financiación a través de “impuestos finalistas”, pues con la inversión actual ”no resulta sostenible”.
Así lo cree al menos el consejero de Derechos Sociales de la Generalitat de Cataluña, Carles Campuzano, quien defendió esta idea durante un diálogo organizado en Servimedia para debatir sobre ‘Ley de Dependencia y su aplicación en las autonomías. Se trata del segundo encuentro organizado por ‘Discamedia.es’, el nuevo periódico digital sobre discapacidad lanzado por esta agencia de noticias.
En el debate también participaron la vicesecretaria general de Políticas Sociales del PP y diputada en el Congreso, Carmen Navarro; el ex director general de Políticas de la Discapacidad del Gobierno de España y diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid, Jesús Celada; la directora de Servicios Sociales del Gobierno Vasco, Marian Olabarrieta; y el presidente de Lares, Juan Ignacio Vela.
En su intervención, Campuzano destacó la necesidad de “abrir un debate sobre la financiación del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia”, que en la actualidad recibe el 0,9% del PIB. “Si queremos reducir las listas de espera, dignificar las condiciones laborales del sector y mejorar las instalaciones, con el 0,9% no lo podemos afrontar”.
Según el consejero, “países como Francia y Alemania dedican un 2,3% a sus servicios de atención a la dependencia y los países nórdicos, un 3%. Por eso, apostó por que España eleve su nivel de inversión para acercarse a estos países, aunque apuntó que “deberíamos pensar cómo vamos a hacerlo”. “¿Con impuestos finalistas? ¿Elevando las cotizaciones a la Seguridad Social?”, planteó.
El presidente de Lares también pidió elevar la financiación del SAAD al entorno del 2,3 o del 2,4%, “para ser realmente efectivos”. Afirmó que las administraciones “están ejerciendo un liderazgo teórico” en cuanto al cambio de modelo, pero “el liderazgo tiene que ser económico”, porque el funcionamiento del sistema “es en gran parte una cuestión económica”.
“Si en 48 horas aumentamos nuestro gasto en defensa porque la OTAN nos lo pedía, en dependencia también se puede hacer”, subrayó Vela. A su juicio, “la economía española tiene capacidad suficiente para hacerlo”, pero se necesita “voluntad política”.
Otro problema que, en opinión de Vela, arrastra el SAAD tiene que ver con las grandes diferencias entre comunidades autónomas y la existencia de 17 modelos. “Difieren muchísimo el coste de las plazas, los criterios de acreditación, la relación entre sector público y sector privado”, explicó. Por ello, Vela apostó por evolucionar hacia una nueva relación entre el sector público y el tercer sector, basada en la concertación.
PACTO DE ESTADO
Asimismo, Vela defendió “un Pacto de estado en dependencia”, porque “resulta imprescindible” sacar estos temas de la lucha política. Adujo que este Pacto es necesario “para asegurar la financiación, evitar los bandazos del modelo cada pocos años” y armonizar el sistema, a fin de que “no existan 17 modelos como hasta ahora”.
La dirigente del PP Carmen Navarro criticó también que “la atención a las personas dependientes y los servicios que estas reciben dependan de su código postal”, dado que las autonomías tienen protocolos distintos.
Por ello, señaló la necesidad de “establecer cuál es el mapa de los servicios sociales y de dependencia para unificar y saber qué existe en cada punto del territorio”. Además, reclamó que el estado asuma el 50% de la financiación del SAAD, “como establece la ley”.
El parlamentario socialista Jesús Celada le recordó los recortes acordados por el Gobierno del Partido Popular en 2012, que tuvieron en “las personas mayores y con discapacidad uno de los colectivos más afectados”. Destacó que, desde su llegada al poder, el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos ha aumentado la financiación para el SAAD y que “desde 2021 la aportación del Estado ronda el 35%, cuando estuvo en el 16%”.
Entre otros puntos, incidió en que el SAAD volvió a asumir las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales (suprimidas en 2012) y acabó con la mayoría de los copagos.
Celada también reclamó “un Pacto de estado en dependencia, igual que en pensiones e igual que lo que se intenta en sanidad o en educación”, y destacó que la propia Ley ya preveía un órgano de decisión entre estado y comunidades autónomas para armonizar el sistema.
En este órgano (el Consejo territorial) se aprobaron el Plan de Choque en Dependencia y los nuevos criterios para la acreditación de residencias. Con todo, Celada admitió que “aún estamos lejos de garantizar la misma atención y la misma calidad de los servicios” en todo el país.
DIFERENCIAS ENTRE CCAA
A modo de ejemplo, el ex director general de Discapacidad del Gobierno de España resaltó que la asistencia personal en Madrid ronda las 88 prestaciones al año cuando en el País Vasco se superan las 6.000. Por ello, concluyó que “en Madrid existe un vacío muy importante en cuanto a servicios sociales”.
Por su parte, Marian Olabarrieta destacó que Euskadi cuenta con 336.616 personas que potencialmente están en situación de dependencia, pero solo 108.735 tienen una resolución en firme. “Estamos algo por encima de la media nacional”, resaltó.
Además, subrayó que el tiempo de espera en el País Vasco es 7 meses inferior a los 342 días de media para el conjunto del estado. En su intervención, Olabarrieta defendió las competencias autonómicas en la gestión del SAAD, idea en la que coincidió con Carles Campuzano.
Para este último, el éxito del sistema pasa por que el estado “aumente su financiación” y por “permitir un modelo flexible, que cada territorio pueda adaptar a su realidad”.
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