Advierte de que después de la amnistía ya “no hay marcha atrás” en el perdón
MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
El ex ministro de Justicia Rafael Catalá ha reclamado este miércoles un cambio en el sistema electoral para garantizar la gobernabilidad, indicando que la amnistía que se ha pactado para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno es un precio “desproporcionado”, del que –ha advertido– no habrá “marcha atrás” una vez materializada.
Así se ha expresado el que fuera miembro del Gobierno de Mariano Rajoy en un encuentro organizado por la Universidad CEU San Pablo sobre la futura ley de amnistía, en el que también han participado Carlos Vidal, vocal de la Junta Electoral Central y catedrático de Derecho Constitucional de la UNED, y la profesora y abogada penalista Gemma Martínez.
“Esta Legislatura empieza constatando que nuestro sistema electoral (…) hoy no vale”, ha afirmado Catalá, explicando que “no funciona” porque un sistema electoral, además de garantizar la participación política de los ciudadanos, debe garantizar la “gobernabilidad”, algo que ha estimado que no sucede al menos desde 2016.
Así, ha defendido que “el sistema electoral debería cambiarse para generar no solo legitimidad política sino gobernabilidad”, apuntando que “lo que estamos viendo, seguramente, tiene que ver con eso, con la escasa gobernabilidad”.
Al hilo, Catalá ha rechazado el alegado “efecto analgésico” de la amnistía en pro de la convivencia, negando que la futura ley sirva para “resolver un problema histórico de España en el sentido de la integración de Cataluña”. “Vale solamente para resolver un trámite parlamentario”, ha dicho, en alusión a los “siete votos” de Junts que Sánchez necesita para sumar un nuevo mandato.
Para el ex ministro de Justicia, la amnistía resulta, por tanto, “un precio absolutamente desproporcionado” a cambio de una investidura, así como “un baldón para nuestra democracia”.
Además, ha alertado de que tendrá un carácter irreversible una vez aplicada. En este sentido, ha avanzado que, si un nuevo Gobierno la derogara, los que fueron amnistiados lo serán “para siempre”, por tratarse de la ley más favorable al reo: “No hay marcha atrás”.
En este punto, también ha avisado de que, aprobada, podrían derivarse consecuencias para los jueces y magistrados que encausaron el ‘procés’. “Alguien dirá: ‘¿Quién lo aplicó? A esos fachas con toga habrá que pedirles cuentas'”.
“NO TIENE CABIDA” EN LA CONSTITUCIÓN
Por otro lado, ha sostenido que la amnistía “no tiene cabida” en nuestra Constitución, no solo porque no la recoja expresamente, sino porque no lo hace “porque el constituyente no quiso”, ya que se planteó durante los debates constitucionales y se rechazó.
En el ámbito sustantivo, Catalá ha argumentado que “la amnistía tiene sentido frente a un derecho injusto, cuando hay un cambio de régimen”, de uno no democrático a otro que sí lo es. “¿Pero podemos decir eso de la situación actual?, ¿podemos decir que las normas que regían en 2017 son injustas, que no son propias de una democracia, de un Estado de Derecho?”, ha planteado.
Asimismo, ha criticado que se trata de una amnistía “hecha a medida” que vulnera el principio de igualdad. “Oye, ¿y lo mío?’, así han hecho la ley, intentando coger el perímetro de todos los casos, que todo el mundo encuentre su perchita”, ha ilustrado.
Con todo, Catalá ha estimado que la exposición de motivos de la proposición de ley registrada el pasado lunes por el PSOE en el Congreso de los Diputados “es una ‘excusatio non petita'”, “ponerse la venda antes de la herida, porque van a tener dificultades para sostener la constitucionalidad de la norma”.
También ha aludido a la “tensión” social que ha provocado la futura amnistía reprochando, que tras años de consensos durante y después de la Transición entre partidos políticos de “muy diversa orientación y origen”, “hay algunos que quieren hacerlo saltar por los aires”.
“FILIBUSTERISMO PARLAMENTARIO”
En este contexto, el ex ministro de Justicia no ha dudado de que “estamos en un momento trascendente para nuestro Estado democrático” porque “la amenaza es muy grave”, por lo que ha reivindicado que “la movilización social” es “muy conveniente”.
Sin embargo, al ser preguntado sobre la reforma del Reglamento del Senado operada por el PP para retrasar la aprobación de la ley de amnistía o sobre la posibilidad de que la Cámara Alta directamente se niegue a tramitarla, Catalá ha contestado que, si bien “se puede jugar al filibusterismo parlamentario”, “no es ejemplarizante para nadie”. “No mejora lo que hacen mal otros”, ha zanjado.
Por ello, frente a un “estado de ánimo de preocupación e indignación”, ha llamado a una “reflexión”, a no saltarse “las reglas del juego” y “confiar en que los controles, que existen, surtirán efectos”. De no ser así, ha asumido que el único remedio será intentar que haya “mejores mecanismos en el futuro”.
PREVARICACIÓN Y COHECHO
Por su parte, Vidal ha coincidido en que “la gravedad del asunto es mayúscula” porque la amnistía, desde el punto de vista constitucional, significa “un cambio de régimen”.
“Supone reconocer que nuestro ordenamiento jurídico no tenía legitimidad para actuar como actuó y ahora estamos pidiendo perdón como Estado de Derecho a unas personas que no solo no nos han pedido perdón al resto de españoles sino que dicen que seguirán haciendo lo mismo. Entonces, estamos tergiversando los principios básicos de nuestra convivencia”.
Martínez, que ha estado de acuerdo con sus compañeros de coloquio, ha apostillado que la ley de amnistía, al tener “una vocación de inconstitucionalidad absoluta”, podría constituir delitos de prevaricación y cohecho para quienes hayan participado en ello, incluidos los diputados y senadores que la apoyen.
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