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Casi 130 asociaciones piden al Gobierno una “reducción drástica” del número de estancos y máquinas expendedoras de tabaco

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MADRID, 05 (SERVIMEDIA)

Un total de 127 asociaciones sanitarias, de derechos civiles y consumidores, tanto nacionales como internacionales, han exigido por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la “reducción drástica” del número de estancos y máquinas expendedoras de tabaco. Además, reclaman la puesta en marcha “a la mayor brevedad” del Plan Integral de Tabaquismo 2021-2025, entre otras medidas para luchar contra esta adicción.

Así lo anunció este lunes Nofumadores.org, que promueve la plataforma firmante junto a los Comités Nacionales para la prevención del Tabaquismo tanto de España (CNPT) como de Francia (CNCT), la Unidad de Control de Tabaco del Instituto Catalán de Oncología (ICO) – Centro Colaborador de la OMS para el Control del Tabaco, la Red Europea para la Prevención del Tabaquismo (ENSP) y Action on Smoking and Health (ASH), en un comunicado en el que precisó que, de esta forma, han querido “rebelarse” ante el anuncio del Ministerio de Hacienda de la concesión de más de 200 nuevas licencias para abrir estancos.

La plataforma firmante de la carta exige que se “anule” la convocatoria de subasta pública de nuevas expendedurías de tabaco y demanda que no se renueven las licencias de estancos que expiran a los 25 años que no sean “imprescindibles” y “especialmente” aquellas “cercanas” a centros escolares y parques infantiles. Además, exige que el Gobierno ponga en marcha “a la mayor brevedad” el Plan Integral de Tabaquismo 2021-2025, así como la modificación legislativa de la ley 28/2005 de Prevención del Tabaquismo.

En su misiva, las entidades acusan al Ejecutivo de que, tanto la paralización del Plan Integral de Tabaquismo como el aumento “indiscriminado” de estancos y máquinas expendedoras “benefician a la industria tabaquera en contra de los intereses de los ciudadanos” y obedecen a la “interferencia” de la industria tabaquera.

Tras subrayar que España se encuentra en el puesto 54 sobre 96 en el índice internacional de interferencia de la industria del tabaco, la presidenta de Nofumadores, Raquel Fernández, dijo “sospechar” que la decisión del Gobierno responde a las “presiones” que recibe de la industria tabaquera, “ya sea de forma directa o a través de comunidades autónomas” en las que el sector es “muy potente”, entre las que citó Extremadura y Canarias.

“Las tabaqueras nos tratan como un país en vía de desarrollo, impidiendo medidas que nos protejan de sus políticas depredadoras y esclavistas y, por ahora, el Gobierno no hace sino consentirlas y alentarlas”, lamentó.

DECLARACIÓN DE MADRID

En este punto, las asociaciones de control de tabaco también exigieron al Ejecutivo central el cumplimiento de la Declaración de Madrid-2018 por la Salud y para al Avance de la Regulación del Tabaco en España, en la que se aborda la necesidad de aumentar los impuestos de los productos del tabaco y la nicotina y concretar la “armonización” de precios con Francia, así como de “limitar” la publicidad del tabaco en los puntos de venta para disminuir “de forma significativa y paulatina” la prevalencia del tabaquismo y prevenir la adicción en adolescentes a la vez que se mantiene la recaudación por los impuestos.

La carta remitida a Presidencia del Gobierno, con copia a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también critica la “extrema concentración” de expendedurías de tabaco en la frontera con Francia, donde hay 50 estancos por cada 10.000 habitantes, cuando en el resto del país son cuatro, y advierte de que España está “inundando” al país vecino de tabaco “barato” y “generando una economía sumergida” que la convierte “en una especie de traficante de tabaco”.

Tras puntualizar que la medida de reducir el número de estancos y máquinas expendedoras ya está recogida en la Declaración del Fin del Tabaquismo en España Endgame 2030, las asociaciones denunciaron que, con la apertura de nuevos estancos, España será también “incapaz” de cumplir el objetivo de la reducción del cáncer para 2030, acordado por la UE, además de ir “en contra del espíritu de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU”.


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