MADRID, 25 (SERVIMEDIA)
Representantes de Cáritas Española alertaron este martes en el Senado de que “la evolución de la exclusión social nos está dirigiendo a la sociedad de riesgo” y reclamaron “políticas” para “evitar” ese peligro, con un abordaje “estructural”.
Así lo indicaron el secretario técnico de la Fundación Foessa, Raúl Flores, y la coordinadora de Incidencia Política de Cáritas Española, Ana Abril, durante su comparecencia en la Comisión de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
Flores hizo público un avance de los resultados del Informe Foessa que verá la luz a finales de 2025, sobre información recabada en 2024 en más de 12.000 hogares y que llevan a concluir que “la evolución de la exclusión social nos está dirigiendo a la sociedad de riesgo”. Según dijo, 9,4 millones de personas están afectadas por múltiples carencias, no sólo económica o de privación material, también relacionadas con empleo, consumo, salud, vivienda, participación ciudadana o participación política.
“El 19% de la población se encuentra fuera de la integración social”, continuó, dato que era del 16% en 2018, aunque alcanzó el 23% justo después de la pandemia.
Flores añadió que se ha producido un “engrosamiento de las situaciones severas”, que han pasado del 6% en 2007 al 9% actual; y que, de los 9,4 millones de desfavorecidos, “4,3 millones viven en la exclusión social más severa”. De hecho, concretó, el 94% de las personas con exclusión social más severa están afectadas por tres o cuatro situaciones”, por lo que recomendó que “cualquier política tendrá que ser multidimensional y compleja”.
TAMBALEAR LA SOCIEDAD
“Se pueden tambalear las vidas de distintos estratos de la sociedad y no sólo los que vivían en incertidumbre”, avisó, en relación a quienes tienen problemas para “tener y mantener una vivienda”; “la eficacia del empleo para garantizar la estabilidad” y “la brecha generacional que amenaza el futuro de la sociedad”.
Durante su intervención, la coordinadora de Incidencia Política de Cáritas, Ana Abril, reclamó a la luz de esos datos “políticas para evitar sociedad el riesgo” y señaló que hay que reflexionar sobre las políticas que se están impulsando “para proteger a las personas”, relacionadas especialmente con el “triángulo fundamental” que conforma la garantía, los ingresos mínimos y el empleo.
Según Abril, es necesaria una reforma del Ingreso Mínimo Vital (IMV), pues hay “aspectos que dejan fuera a colectivos”. También pidió que las rentas mínimas autonómicas “lleguen donde no llega el IMV), para construir “un sistema que sea una red que ayude a personas que no tienen ningún ingreso” y eliminar las barreras burocráticas, también provocadas por la brecha digital, que afecta especialmente a las personas en situación de vulnerabilidad.
Desde el Grupo Popular, los parlamentarios mostraron su “preocupación” por la vulnerabilidad que afecta a los menores de 18 años y la brecha digital, mientras que en el Grupo Vasco se subrayó que “la mayor parte” de las personas en situación de vulnerabilidad son mujeres en las que concurren varias situaciones. Los socialistas afearon a la organización católica el título del informe y pidieron un enfoque “positivo”. Aunque reconocieron que las desigualdades “existen”, pusieron en valor “las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez” para combatirlas.
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