SANTA CRUZ DE TENERIFE, 18 (EUROPA PRESS)
La aprobación de la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, aprobada este martes en Consejo de Ministros vía decreto-ley, incluye que las comunidades autónomas deben fijar ahora su capacidad de carga, que se obtendrá de dividir la población total de cada una a 31 de diciembre del año anterior por el cociente resultante de dividir la población total de España entre el número máximo de personas menores de edad extranjeras no acompañadas atendidas por el conjunto del sistema de protección español.
En este contexto, Canarias se presenta al debate con un total de 5.810 menores migrantes no acompañados que se distribuyen a lo largo de 86 centros en las islas –cuando empezó la legislatura apenas se llegaba a la treintena–.
Además, hasta ocho centros cuentan con más de 100 menores extranjeros no acompañados cada uno –cuando la recomendación lo rebaja a 20–, uno de ellos incluso con 330 menores, otro con 248 y dos más con 201 y 180, respectivamente.
No obstante, la media es de unos 60 menores aproximadamente por recurso alojativo, según datos recabados por Europa Press del propio Ejecutivo canario.
Ante el flujo de llegadas, la comunidad autónoma también ha abierto centros más especializados, de tal forma que cuenta con 35 centros para menores de 12 años y otros 26 centros solo para mujeres, que suman un total de 374 en el archipiélago.
En virtud del decreto ley, los menores deberán ser trasladados a otra comunidad autónoma en un plazo máximo de 15 días cuando la red de acogida triplique su capacidad y en Canarias se cuenta con que el proceso de los menores ya instalados en el archipiélago se demorará algunos meses para atender bien todas las casuísticas que se presentan.
Las dificultades para garantizar la acogida han motivado la elaboración de un informe por parte de Amnistía Internacional, que alerta de “violencia y castigos excesivos” en centros de Canarias, y algunos casos, puntuales hasta el momento, que han acabado en la Fiscalía, al tiempo que se ha desplegado un plan de choque con 39 personas entre trabajadoras sociales y administrativos para agilizar y mejorar la gestión.
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