Cabello critica que el Estado siga sin dar una respuesta
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 24 (EUROPA PRESS)
El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha anunciado que la CCAA ha decidido ampliar la declaración de la emergencia por la situación de los menores migrantes no acompañados que tutela el archipiélago en solitario al encontrarse los centros al 123% de ocupación con unos 5.860 jóvenes.
Así lo ha dicho este lunes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde agregó que esta declaración se llevó a cabo en el mes de agosto del año 2023 debido a la presión existente en aquel entones.
“Ahora mismo los centros están a un 123% de ocupación. Estamos hablando de 5.860 menores migrantes y hemos llegado incluso a tener un pico del 160% ocupación”, observó el portavoz, que apuntó la ampliación de la emergencia permite una mayor agilidad administrativa y que los centros sigan abiertos ante la continua llegada de chicos jóvenes menores de 18 años a las costas.
En este sentido, Cabello hizo especial hincapié en que toda esta situación se está prolongando en el tiempo ante la ausencia de “respuesta” por parte del Estado para llevar a cabo el reparto de unos 4.400 menores (4.000 de Canarias y 400 de Ceuta) entre las diferentes autonomías.
“Canarias –aseveró– sigue dando la cara y el Estado sigue sin responder a Canarias y a la emergencia humanitaria que estamos viviendo. Esa es la situación en la que nos encontramos”.
Aquí, insistió en que los centros de atención a estos menores están “totalmente colapsados y desbordados” en las islas y con unos profesionales en el ámbito del salvamento marítimo “pidiendo ayuda”. “Y, mientras tanto, seguimos sin respuesta por parte del Gobierno del Estado”, concluyó.
DECLARACIÓN DE EMERGENCIA MIGRATORIA
Por su parte, en agosto de 2023, el Gobierno de Canarias acordó declarar la situación de emergencia migratoria ante la llegada de inmigrantes que entonces llegaban a las islas, adoptando cuantas medidas ha tenido en su mano para hacer frente a esa realidad y, de modo especial, a las necesidades de los migrantes menores no acompañados.
Mientras, ante el agravamiento de dicha emergencia migratoria, el 2 de septiembre de 2024, se acordó reiterar dicha declaración de emergencia migratoria, al objeto, entre otros, de impulsar con la máxima prioridad un conjunto de medidas para hacer frente a dicha situación, en especial las relativas a la concertación de nuevas plazas para atender a los menores y la ampliación de la plantilla de personal destinada a la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familia.
Ya con la situación actual de emergencia migratoria sobrevenida o agravada, el Gobierno regional apuntó que la situación de desbordamiento de los recursos de que dispone la Canarias queda patente.
A fecha de septiembre de 2024 se registraban 4.285 menores tutelados por el Ejecutivo canario, el 36,5% del total nacional. Esta cifra se ha incrementado superando los 5.800 menores en febrero de 2025, por lo que la capacidad de acogida de los 86 centros destinados a este fin se ha visto desbordada, con una media de ocupación de los centros de acogida alcanza el 123% de su capacidad, con picos del 160% en momentos de repunte.
La continua llegada de menores y la saturación persistente de los centros de acogida “evidencian” la necesidad de ampliar la declaración de emergencia agravada, con el fin de incrementar la capacidad de los centros existentes y habilitar nuevas instalaciones adecuadas para garantizar entornos seguros para la infancia y la adolescencia migrante.
También hay que reestructurar los centros según los perfiles de menores; contratar y formar a profesionales en áreas como trabajo social, psicología e interpretación, esenciales para la atención integral de los menores y acelerar los trámites necesarios para la documentación y regularización de los menores, facilitando su integración y acceso a derechos básicos.
Finalmente, el Gobierno regional señaló que con la ampliación de la declaración de la emergencia se podrán movilizar los recursos necesarios, fortalecer las infraestructuras de acogida y garantizar la protección de los menores migrantes no acompañados.
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