SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 (EUROPA PRESS)
La Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias está en fase de análisis del fallo del Tribunal Constitucional que anula de forma parcial el protocolo de menores migrantes no acompañados pero precisa que al menor ha servido para mejorar la coordinación entre las partes y que los menores que llegan a las costas de las islas estén mejor atendidos en el momento de su llegada.
Fuentes del departamento consultadas por Europa Press insisten en que Canarias “no puede asumir en solitario” la recepción y atención de estos menores y que, para cumplir con todos sus derechos, necesita la colaboración del resto de las comunidades autónomas y del Estado.
Por ello, apuntan, “seguimos negociando con el Estado un reparto puntual a corto plazo y una reforma legislativa a medio plazo que nos permita atender dignamente a todos los menores que llegan a Canarias”.
El Gobierno canario tiene estos momentos 86 centros de menores migrantes abiertos y alrededor de 5.790 menores acogidos y mantiene una coordinación efectiva con los servicios de Extranjería y la Fiscalía.
Igualmente, el Ejecutivo sigue solicitando la “implicación” del Estado y la financiación extra que prometió por parte del Gobierno central de 50 millones extra –añadidos a los primeros 50 que sí han ingresado– y que aún no han llegado.
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