LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 22 (EUROPA PRESS)
El Ejecutivo canario ha acordado este lunes, en Consejo de Gobierno, la tramitación por la vía de urgencia de una modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad para la creación de las oficinas de asistencia a las víctimas del delito en el ámbito de la comunidad autónoma.
La puesta en marcha de estas oficinas servirá para que el Gobierno de Canarias de cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del delito, según ha informado el Ejecutivo regional en nota de prensa.
Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas quedarán adscritas a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y se configurarán como una unidad especializada y un servicio público que tiene como fin prestar la asistencia y atención coordinada para dar respuesta a las víctimas de delitos en los ámbitos jurídico, psicológico y social, así como promover las medidas de justicia restaurativa que sean pertinentes.
El Gobierno de Canarias, en la legislatura 2015-2019, dejó aprobado el decreto 89/2019 por el que se regula la creación y organización de estas oficinas, pero “no se le dio desarrollo en la pasada legislatura”. El decreto establece la creación de dos oficinas de ámbito provincial, con sede en Las Palmas y en Santa Cruz de Tenerife.
También se podrán crear unidades administrativas de ámbito insular, municipal o por partido judicial cuando resulte necesario para la adecuada prestación del servicio de asistencia a las víctimas del delito y estarán integradas en las respectivas oficinas provinciales.
Además establece que cada oficina tenga una estructura organizativa compuesta por un equipo técnico multidisciplinar y personal de apoyo integrado, como mínimo, por una persona profesional de la Psicología, una persona profesional del Derecho, por una personal profesional en Trabajo Social y una persona de apoyo administrativo.
La puesta en marcha de este servicio público de asistencia a las víctimas de delitos está condicionada a la modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo de la Consejería de Presidencia mediante la creación de nuevos puestos con el objetivo de disponer del personal necesario, que no es posible cubrir con los efectivos actuales por la dimensión y especificidad de sus funciones.
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