SANTA CRUZ DE TENERIFE, 17 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes de forma inicial la nueva estrategia sociosanitaria que estará en vigor hasta 2030 y permitirá, entre otras cosas, el uso de fondos del Fdcan y la RIC para construir edificios sociosanitarios y ampliar plazas en las islas.
Los detalles han sido avanzados en rueda de prensa por la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, quien ha dicho que se abre una “oportunidad histórica” para “transformar el modelo” en el archipiélago, una “prioridad absoluta” del Gobierno.
Ha dicho que el documento ha sido elaborado por las consejerías de Bienestar Social y Sanidad con el fin de garantizar un sistema de atención social “integral”, fomentar servicios independientemente de su localización geográfica, favorecer la cogobernanza, adecuar recursos a necesidades o reforzar la formación de los trabajadores.
La estrategia incluye también ytulizar la ley del suelo para priorizar infraestucturas sociales, la creación de un cluster sociosanitario para facilitar el acceso de empresas tecnológicas a partir de beneficios fiscales o potenciar la colaboración publico-privada para crear nuevas plazas.
No obstante, ha apuntado que también se trabaja en avanzar hacia la “desinstitucionalización” de mayores y dependientes con un programa de apoyo al hogar que ya ha se ha licitado con fondos europeos por importe de 22,5 millones para impulsar un sistema de teleasistencia avanzada.
La estrategia, desarrollada por una consultora especializada, se basa en un enfoque comunitario multinivel y multifactorial de la realidad del archipiélago y propone objetivos bajo la premisa de garantizar la igualdad en el acceso, la coordinación entre instituciones, la atención integral y la adaptabilidad a las necesidades cambiantes de la población, siempre proporcionando una atención centrada en la persona.
La estrategia define diez áreas clave para atender las necesidades sociosanitarias en las áreas de dependencia; discapacidad; cronicidad y fragilidad; atención paliativa y final de vida; adicciones; salud mental; atención temprana; enfermedades raras; enfermedades neurodegenerativas y demencias y personas en situación o riesgo de exclusión social.
El documento, que supone un impulso hacia la atención integrada y coordinada entre los servicios de salud y los servicios sociales, contempla el diseño de herramientas que permitan la ejecución y coordinación entre las administraciones autonómica, insular y municipal, así como armonizar las actuaciones que es necesario desarrollar en este ámbito por parte de las Consejerías y organismos de la administración competente en materia tanto social como sanitaria y que incluya otros ámbitos en materia de formación, empleo o desarrollo territorial, entre otras.
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