MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
El Gobierno de Canadá ha anunciado este viernes la aprobación de un decreto ley con el que prohibirá de manera temporal la importación de armas de fuego en el país desde el próximo 19 de septiembre, una medida que se enmarca en los esfuerzos del Ejecutivo canadiense de limitar su uso en el país norteamericano.
El ministro de Seguridad Pública, Marco Mendicino, y la ministra de Exteriores, Melanie Joly, han anunciado en una rueda de prensa que el Gobierno canadiense ha decidido seguir adelante con la prohibición de importación de armas, aún sin la aprobación del Parlamento, pero con restricciones regulatorias.
La medida acelerará aspectos de la congelación nacional de la compra, venta, importación y transferencia de armas de fuego en Canadá anunciada por el Ejecutivo en mayo, y lo hará hasta que entre en vigor dicha congelación, según ha informado el Gobierno de Canadá en un comunicado.
“Esta prohibición es un recurso provisional mientras la congelación de armas de fuego avanza en su totalidad a través del proceso parlamentario, lo que impide que los estantes se reabastezcan en el plazo inmediato”, ha dicho la titular de Exteriores en declaraciones recogidas por la cadena CTV News.
Mendicino, por su parte, ha sostenido que esta prohibición temporal supondrá una congelación ‘de facto’ que permitirá “mantener seguros a los canadienses”.
“Hemos anunciado una prohibición nacional de la importación de armas de fuego, lo que hará que el impacto definitivo de la congelación entre en vigor antes”, ha asegurado el ministro de Seguridad Pública en su cuenta de Twitter.
En mayo, el Gobierno anunció el proyecto de ley C-31, una legislación que, de aprobarse, restringiría aún más el acceso legal a las armas de fuego en Canadá. El proyecto no llega a una prohibición total, sino que opta por un “congelamiento” nacional de la venta, compra o transferencia de armas de fuego en Canadá que permite a los propietarios legales actuales conservar las suyas, según la citada cadena.
El proyecto de ley C-21 también busca crear sistemas para señalar a las personas que puedan representar un riesgo para ellos mismos o para otros, así como aumentar las penas máximas para los delitos relacionados con armas de fuego, como el contrabando y tráfico de armas de fuego.
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