La semana próxima está prevista una nueva reunión con los agentes sociales, que estará dedicada al Plan de Recuperación
MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha insistido este lunes en que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) debe enmarcarse en un pacto de rentas.
“No sólo tiene que subir el salario mínimo tenemos que mejorar las condiciones salariales de todos los trabajadores en España”, ha insistido la vicepresidenta primera en declaraciones a los medios tras la celebración este lunes de la Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios.
Justo este martes, el Ministerio de Trabajo ha convocado a los agentes sociales para abordar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de cara a 2023. Para Calviño, “lo ideal” sería tener un gran acuerdo en torno al pacto de rentas con los representantes sociales, que permita proporcionar confianza a los trabajadores, a los ciudadanos, los autónomos, los empresarios y los inversores en los próximos años.
De su lado, la responsable económica del Gobierno ha informado de que la semana próxima está prevista una reunión con los agentes sociales, pero que en esta ocasión estará dedicada al Plan de Recuperación. El encuentro se celebrará antes de que el Ejecutivo envíe la adenda al Plan a Bruselas, que se estima en el curso del primer trimestre del año.
Ante una “buena base” económica para el año 2023, Calviño ha destacado la importancia que juegan este año los fondos europeos y el plan de recuperación. “A excepción de una comunidad autónoma, prácticamente todas han trasladado un profundo agradecimiento y reconocimiento a la labor del Gobierno y el esfuerzo que se está haciendo para el despliegue ágil de los fondos”, ha señalado la responsable económica del Gobierno, en referencia a la reunión que ha mantenido con representantes de las CCAA y la FEMP.
SE HAN COMPROMETIDO 3.000 MILLONES EN 2023, MÁS DE UN 13%
Según Calviño, el proceso de despliegue de las inversiones se está acelerando en este primer mes de 2023 en el que ya se han comprometido 3.000 millones de euros, lo que supone más de un 13% del total del presupuesto asignado para este año.
Gracias al ritmo de ejecución, se han resuelto convocatorias por más de 23.300 millones de euros que están financiando más de 190.000 proyectos, un 45% de ellos desarrollados por empresas. Por parte de las comunidades autónomas, se han lanzado convocatorias y licitaciones por más del 50% de los fondos asignados habiéndose resuelto aproximadamente un 20% de los mismos, es decir en torno a 4.000 millones de euros.
“Se han recibido 31.000 millones de euros del presupuesto comunitario y las administraciones tanto autonómicas como locales están gestionando aproximadamente proyectos de inversión por 28.000 millones de euros”, ha indicado la vicepresidenta.
REASIGNAR FONDOS QUE PRESENTEN MAYOR DIFICULTAD
Ahora, según Calviño, se debe poner el foco en el despliegue de las inversiones por parte de las comunidades autónomas. De hecho, en la reunión se les ha instado a identificar aquellos proyectos que pueden tener una mayor dificultad de ejecución para proceder a reasignar los fondos y garantizar así una ejecución del 100%.
Con respecto a adenda al plan de recuperación, los representantes autonómicos han manifestado su acuerdo con las prioridades de reforzar la autonomía y la industrialización estratégica en el ámbito energético, agroalimentario, industrial, tecnológico y digital. También se han mostrado de acuerdo, según Calviño, con poner en marcha nuevos programas para la asistencia técnica y para las microacreditaciones para seguir agilizando el despliegue de las inversiones y especialmente los proyectos estratégicos, los Perte.
Por último, se ha acordado celebrar “rápidamente” una nueva reunión técnica para trabajar en más detalle en la articulación de un posible fondo que canalice los préstamos europeos a inversiones sostenibles de las comunidades autónomas, un proyecto que tiene “una notable complejidad teniendo en cuenta el sistema de financiación autonómica y la necesidad de garantizar la neutralidad fiscal”, ha reconocido la ministra.
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