MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, junto a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, Teresa Ribera, han presentado el Examen Nacional Voluntario de España sobre Agenda 2030, en la sede de la ONU, en Nueva York (Estados Unidos).
Según ha informado este martes el departamento que dirige Pablo Bustinduy, se trata de una evaluación para dar cuenta del trabajo que está realizando España para la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), fijados por Naciones Unidas y suscritos por 193 países.
En este contexto, ha puesto en valor que se trata de la tercera vez que España se somete a este examen, siendo, por lo tanto, “el país europeo que más veces ha evaluado sus compromisos de desarrollo sostenible”.
La delegación española ha contado, asimismo, con la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, en representación de las comunidades autónomas, así como con representantes de entidades locales, de la sociedad civil y de la Comisión de la Agenda 2030 en el Congreso y el Senado.
En la presentación del examen, Pablo Bustinduy ha destacado que el proyecto político del Gobierno de España está “plenamente alineado” con los ODS y ha señalado que las prioridades del Ejecutivo para el desarrollo de la Agenda 2030 pasan por articular políticas públicas que permitan luchar contra la pobreza y la desigualdad, abordar la crisis climática y ambiental, erradicar la precariedad y enfrentar la crisis de cuidados.
“Y todo ello será posible si logramos desplegar una fiscalidad justa, tanto a nivel nacional como global. Es el reto de una época, un reto geopolítico, ecológico y social que nos insta a proteger la democracia y a luchar por la paz “, ha señalado el ministro en la ONU, donde ha fijado como objetivo “fortalecer el Estado de bienestar” como un desafío común de todos los países.
A su juicio, “la Agenda 2030 debe avanzar a nivel internacional y estatal, pero también a otros niveles”. “Y eso es lo que estamos haciendo en España, promoviendo la localización de los ODS con los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos, y yendo de la mano de las organizaciones de la sociedad civil”, ha resaltado Pablo Bustinduy.
Además, el ministro ha reivindicado la Agenda 2030 como “una hoja de ruta” que permite ofrecer “un horizonte en un contexto de incertidumbre en todo el mundo”, con la “difícil situación internacional” marcada por la incidencia de la emergencia climática, las complicaciones de la economía internacional y “la violencia insoportable en el escenario geopolítico con la agresión rusa en Ucrania o el genocidio en Gaza”.
En este sentido, Bustinduy ha afirmado que el Gobierno español ha apostado por ofrecer “una respuesta solidaria y ensanchadora de derechos” y ha subrayado que esta orientación también se refleja en la acción exterior del Ejecutivo, “especialmente en el reconocimiento al Estado de Palestina” y en su compromiso “férreo con el apoyo a su causa”.
La participación en este Examen Nacional Voluntario en Naciones Unidas ha contado con las preguntas de las delegaciones de Chile y de Sudáfrica, y ha estado precedida por una reunión de Bustinduy y Ribera con la vicesecretaria general de la ONU, Amina J. Mohammed, y con Achim Steiner, administrador del Programa de la ONU para el Desarrollo.
Por su parte, en el marco de este Examen Nacional, la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, ha participado en el foro ‘Pobreza y Protección Social: camino hacia la Cumbre Social Mundial’, organizado por Chile para abordar la situación de pobreza que viven más de 700 millones de personas en el mundo. Esto supone, señalan desde la organización, que un 10% de la población mundial deba luchar por satisfacer necesidades básicas como salud, educación, saneamiento y agua potable.
Rosa Martínez ha puesto el foco en la “situación vulnerable que sufren millones de mujeres por los sesgos de género que aún permanecen” y ha abogado por que las políticas públicas deben tener en cuenta la brecha salarial que sufren las mujeres “debido a que, de forma mayoritaria, siguen asumiendo los cuidados en el ámbito familiar, una labor que les penaliza laboralmente”.
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