MADRID, 31 (SERVIMEDIA)
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se fijó este martes como “retos” de su departamento para 2025 la adopción de una prestación universal por crianza, la retribución del permiso parental de cuidados, la “intervención” del mercado de la vivienda y el “refuerzo” del sistema de la dependencia.
Así lo precisó en un hilo publicado en sus redes sociales en el que puntualizó que, si bien “el contexto es difícil”, estos objetivos son “todos necesarios y posibles”, consciente de que la “próxima estación” para materializarlos son los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Por otra parte, el titular de Derechos Sociales quiso hacer un “balance” y una “rendición de cuentas” con respecto a la acción de su gabinete a lo largo de 2024 y detalló “algunos pasos concretos y otros pendientes” que tiene por dar para la “construcción de un Estado de bienestar para el siglo XXI”.
A este respecto, hizo referencia, en primer lugar, al programa de tarjetas monedero, aprobado en enero y gracias al cual, en la actualidad, 65.000 familias con niños en situación de “vulnerabilidad” acceden a productos frescos y compran “con normalidad” en el supermercado “en lugar de hacer cola para recibir una bolsa de alimentos”.
Junto a ello, mencionó la estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados, aprobada en junio y en torno a la cual, a principios de este mes, el Ministerio lanzó un plan operativo para desarrollarla en 2025, merced a una dotación económica superior a los 2.000 millones de euros en actuaciones de comunidades autónomas y Gobierno, con el fin de que las personas en situación de dependencia “puedan vivir en sus hogares, de acuerdo con sus necesidades y deseos”.
DANA
En paralelo, reivindicó el Pilar social del Plan de Reconstrucción tras la dana y la puesta en marcha, en noviembre, de una ‘Red de protección social’ para los damnificados que incluye ayudas por valor de 50 millones de euros destinados a “reforzar” los servicios sociales de las zonas afectadas, así como una contribución extraordinaria para el Tercer Sector valenciano y destacó el Plan de Protección Social frente al Cambio Climático que anunció durante una comparecencia en las Cortes.
A su vez, Bustinduy recordó la multa de 179 millones de euros impuesta por su cartera a principios de este mes a cinco aerolíneas ‘low cost’ por “prácticas abusivas” como cobrar por el equipaje de mano o por la selección de asiento para quienes viajan a cargo de menores o personas en situación de dependencia.
“Una sanción pionera que defiende los derechos de los consumidores y recuerda que ninguna empresa, por grande o poderosa que sea, está por encima de la ley”, advirtió.
En materia de protección del consumidor en el mercado de la vivienda, señaló las investigaciones en curso en el seno de su gabinete sobre publicidad ilícita, grandes gestoras de pisos turísticos, cobro de comisiones “irregulares” o fianzas “desmedidas”.
GAZA
Asimismo, en su “repaso” de 2024, Bustinduy también se refirió a la aportación de 860.000 euros por parte de su departamento a la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina (Unrwa), destinados a ayudar a las personas con discapacidad sobrevenida en los territorios palestinos, así como a la contribución voluntaria de España a la fiscalía de la Corte Penal Internacional para investigar violaciones masivas de Derechos Humanos en Gaza, por valor de 500.000 euros.
En la misma línea, subrayó la obligación de las empresas que importan productos de territorios palestinos ocupados por Israel de señalar este origen de forma clara en el etiquetado e indicó que en mayo envió una carta a compañías españolas que operan en ese país para instarles a adoptar las actuaciones necesarias para evitar que dicha actividad contribuya a las vulneraciones de derechos humanos, además de reiterar su apuesta por la “suspensión” de compraventa de armas con el Gobierno de Netanyahu y su “compromiso con el Derecho Internacional frente al genocidio” en curso.
MÁS INICIATIVAS
A continuación, valoró la próxima aprobación del Real Decreto para el fomento de una alimentación saludable y sostenible en centros educativos, que permitirá “garantizar” una alimentación “sana, equilibrada y sostenible” a todos los niños del país, “independientemente de dónde vivan o hayan nacido”.
Por último, resaltó la aprobación, la pasada semana, de la Estrategia nacional de prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión social 2024-2030; la reforma del artículo 49 de la Constitución para suprimir el término “disminuidos” en relación a las personas con discapacidad; la aprobación de la ‘ley ELA’ y del primer Plan de Acción para el Espectro del Autismo en España o las multas impuestas a operadores ilegales de juego online, entre “muchas otras” iniciativas auspiciadas por su cartera.
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