MADRID, 05 (SERVIMEDIA)
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, reclamó este jueves “empuje y presión social” para lograr “más avances” y advirtió de que la justicia social y el bienestar de las mayorías trabajadoras “son la base de la democracia y la única salida a este tiempo peligroso”.
Así lo aseveró en un hilo publicado en sus redes sociales coincidiendo con el inicio del nuevo curso político y en el que reconoció que “queda mucho por hacer y el contexto no es fácil”, si bien afirmó que su “determinación es total”.
En dicha publicación, Bustinduy quiso “rendir cuentas” del trabajo realizado por su gabinete en estos meses, así como “resaltar algunos avances conseguidos” y “poner en contexto” los “desafíos pendientes”, entre los que citó la ampliación de los permisos por nacimiento y la retribución de permisos parentales de cuidados o la aprobación definitiva de la Ley de Familias.
Por lo que respecta a los avances, recordó que su departamento ha destinado este ejercicio 3.200 millones a la financiación del sistema de dependencia, con un incremento del 150% en tres años, lo cual, a su juicio, ha permitido “mejorar” las prestaciones, “atender” a 300.000 personas más y reducir la lista de espera en otras 100.000 personas, un 30% del total.
En paralelo, hizo referencia a la estrategia para un nuevo modelo de cuidados, que, con una dotación inicial superior a 1.300 millones, tiene el “objetivo doble” de “mejorar” los cuidados de las personas en situación de dependencia o vulnerabilidad y las condiciones de trabajo de “quienes cuidan”.
“Esto se plasmará en la reforma de las Leyes de Dependencia y Discapacidad en las que estamos trabajando. Queremos mejorar el sistema de dependencia y ampliar servicios y prestaciones”, abundó, para señalar que, en esta área, “aún queda mucho por avanzar”, convencido de que “ese esfuerzo debe reflejarse en los Presupuestos Generales del Estado (PGE)”.
MÁS AVANCES
Además, mencionó el programa de Tarjetas Monedero, una “nueva herramienta” cuya dotación es de 563 millones de euros y que, según su punto de vista, contribuirá a “superar un modelo estigmatizante” e “impulsar” el acceso de casi 70.000 familias con niños en situación de vulnerabilidad a una alimentación “de calidad”.
Junto a este programa, que juzgó “pionero”, el titular de Derechos Sociales reivindicó la adopción de una Prestación Universal por Crianza con el fin de “reducir a la mitad las tasas de pobreza infantil en nuestro país”, algo que, manifestó, su ministerio “defenderá” en la negociación de cara a la aprobación de los PGE.
En este contexto, para avanzar en la lucha contra la pobreza estimó “fundamental” el hecho de “reformar” el Ingreso Mínimo Vital con el reto de que “pueda llegar a más hogares, con mayor flexibilidad y menos trámites”, al tiempo que instó a las comunidades autónomas a que “no reduzcan sus aportaciones a las rentas mínimas autonómicas”.
Asimismo, subrayó que su cartera está “plenamente comprometida” con la Ley ELA, que, puntualizó, “debe ver la luz cuanto antes” y, a este respecto, indicó que el ministerio que dirige ha “impulsado” dos centros públicos “pioneros” en Asturias y Extremadura, “especializados en ELA y orientados a pacientes y familiares”.
Por su parte, el Plan de Acción de la Estrategia Española en Trastornos del Espectro del Autismo, dotado de 400 millones, busca “generar conocimiento sobre el autismo, mejorar la detección precoz y garantizar la inclusión social, educativa y laboral de personas con TEA”, según explicitó.
AMPLÍSIMOS ACUERDOS POLÍTICOS
El ministro también celebró los “amplísimos acuerdos políticos, reflejo de un consenso social claro”, que concitaron iniciativas como la presentación, en julio, del Examen Nacional Voluntario en la ONU sobre objetivos de desarrollo sostenible y la “consagración” en la Constitución de los derechos de las personas con discapacidad.
“Con ese mismo espíritu llevaremos al Congreso la Ley de Familias para mejorar la protección social de parejas de hecho, familias monoparentales y numerosas, y millones de niños y niñas en nuestro país”, agregó, consciente de que, para ser aprobada, es necesario “construir una amplia mayoría parlamentaria”.
Lo mismo sucede, a su entender, con la ampliación de los permisos por nacimiento y la retribución de permisos parentales de cuidados.
“No hemos logrado el apoyo del resto de actores necesarios para aprobarlos, pero lo plantearemos en los PGE y no pararemos hasta conseguirlo”, sentenció.
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