MADRID, 27 (SERVIMEDIA)
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, advirtió este jueves de que su departamento “se va a encargar de que ninguna ilegalidad quede impune” en el ámbito del mercado inmobiliario y de que el derecho a disfrutar de una vivienda digna “se priorice y se anteponga a los intereses de un modelo especulativo y descontrolado”.
Así lo avanzó en declaraciones a los medios de comunicación previas a la reunión que mantuvo con el director del Área de Vivienda y Ciudad del Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA), Jaime Palomera, después de que su gabinete anunciase la incoación de un expediente sancionador a una “gran agencia inmobiliaria” que opera en todo el territorio nacional, en referencia, según Facua, a Alquiler Seguro, por “posibles prácticas abusivas” contra inquilinos en la gestión del alquiler.
A este respecto, puntualizó que su cartera ha informado en las últimas horas de la apertura de dicho expediente sancionador con el “espíritu” de “asegurar el cumplimiento de la ley que protege los derechos de los consumidores y de los inquilinos”.
En este contexto, subrayó que el expediente tiene su “origen” e “inicio” en las denuncias del Sindicato de Inquilinas y de organizaciones de consumidores como Facua o la OCU, que, dijo, “en reiteradas ocasiones” han “expresado” que, en el mercado del alquiler, las grandes inmobiliarias están “recurriendo” a una serie de prácticas que son “ilícitas y abusivas y que están prohibidas por la ley”, entre las que citó “obligar” a la contratación de servicios “no solicitados o no deseados” o cobrar comisiones por la formalización de contratos de alquiler al inquilino.
Tras aseverar que es “algo que la ley de vivienda prohíbe expresamente”, el ministro quiso “agradecer y reconocer” la labor “esencial” que, a su juicio, los sindicatos de inquilinos y las organizaciones de consumidores llevan a cabo para “defender los derechos de los consumidores y que las prácticas ilegales no se normalicen y no se toleren”.
DENUNCIAR
En paralelo, se dirigió a “toda la gente que se vea sometida a una situación así” y a la que, “intentando buscar un piso, intenten cobrarle los honorarios para formalizar un contrato o imponerle el cobro de servicios no solicitados” para “lanzar un mensaje” y “animarla” a que “lo denuncie” a los sindicatos de inquilinos y las organizaciones de consumidores y ante las autoridades de consumo municipales y autonómicas.
“Porque el mensaje tiene que ser bien claro: ningún modelo de negocio puede estar por encima de la ley”, abundó, consciente de que, pese a que en el mercado inmobiliario “hay poderosísimos intereses económicos y agentes muy poderosos, ningún interés económico tiene que estar por encima del derecho a la vivienda”.
En este punto, reiteró que, en el marco de sus competencias y “con todas las herramientas a su disposición”, el Ministerio que lidera “se va a encargar de que ninguna ilegalidad quede impune” y que el derecho de las familias, de la ciudadanía a disfrutar de una vivienda digna “se priorice y se anteponga a los intereses de un modelo especulativo y descontrolado”
ALQUILER TURÍSTICO
Junto a ello, resaltó que esta semana su gabinete remitió al Ayuntamiento de Madrid la “evidencia” de que en la capital “operan más de 15.000 pisos turísticos ilegales”, algo que, recordó, ha “hecho en otros lugares como Ibiza y Andalucía” y que tiene intención de hacer “en muchos lugares más” con un “espíritu de colaboración”.
“Es un gesto importante, porque esta información incluye indicios suficientes para poder hacer lo que se hizo en el Ayuntamiento de Barcelona, exigir la retirada de los anuncios de pisos turísticos ilegales y poner los medios para que la inspección municipal pueda proceder a imponer sanciones y a cerrar los pisos turísticos que sean ilegales”, sentenció.
Asimismo, reivindicó que, ante la posible existencia de “cualquier duda en el Ayuntamiento de Madrid o en cualquier otro ayuntamiento en España sobre cómo se puede hacer esto”, ya “existe el ejemplo de Barcelona”, al tiempo que quiso “reiterar” el “compromiso” y la “disponibilidad” de su ministerio a “colaborar para que se emprendan estas acciones de manera inmediata”.
En la misma línea, destacó que, cuando Ada Colau llegó al Ayuntamiento de Barcelona, existían “miles de pisos turísticos ilegales operando en esta ciudad”, convencido de que, “con voluntad política, compromiso, recursos y teniendo las prioridades claras”, su equipo de gobierno consiguió “retirar” más de 7.000 anuncios de pisos turísticos ilegales, imponer más de 9.000 sanciones y “que volvieran al alquiler, al uso social, miles de viviendas que se estaban dedicando a un modelo especulativo y lucrativo”.
Por último, preguntado por si Consumo tiene cuantificada la cifra actual de pisos turísticos ilegales en Barcelona, Bustinduy estimó que, gracias al trabajo de las legislaturas anteriores con el equipo de gobierno de Ada Colau, el consistorio barcelonés “cuenta con herramientas suficientes”, al tiempo que señaló que, si el ministerio “puede aportar cualquiera de las herramientas” que ha desarrollado para “rastrear e identificar prácticas ilegales” en el mercado de los pisos turísticos, “por supuesto” las pondrá “a su disposición” con “el mismo afán y espíritu de colaboración que con todas las demás administraciones”.
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