MADRID, 29 (SERVIMEDIA)
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, aseveró este miércoles que el Estado recauda hasta 3.000 euros menos por cada persona en impuestos a causa de la pobreza infantil y que la “respuesta” a esta situación es la implantación de una prestación universal por crianza.
Así lo defendió durante su intervención en el acto sobre el ‘Derecho al bienestar, derecho al tiempo: prestación universal por crianza y reducción de jornada’, en la que afirmó que ambas medidas “forman parte de una misma aproximación general, de una misma orientación de las políticas públicas, que no es otra que la defensa de la idea del bienestar”.
“Y no estamos hablando, sencillamente, de valores abstractos o de un componente ideológico que defendamos, sino del bienestar como, precisamente, aquel formidable mecanismo estabilizador de las sociedades de posguerra en Europa que dibujó un horizonte democrático para los países europeos en el siglo XX y que hoy en día están siendo no solo cuestionados, sino atacados”, abundó.
A este respecto, advirtió de que, “detrás” de los “ataques” a la democracia “de los que somos testigos cada día”, hay un “ataque estructural, organizado, contra esa idea de tiempo, esa idea de futuro, esa idea reguladora del derecho al bienestar sobre el que se sustentaba la fuerza de las democracias europeas”.
En este punto, hizo referencia a los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, recordando “todos los augurios catastrofistas de que la subida del salario mínimo, la reforma laboral, iban a traer el apocalipsis económico, iban a destruir la estructura empresarial y el empleo en España”.
“Ayer constatamos que el paro, una vez más, se redujo a sus niveles más bajos desde 2008, que ya hay hasta 15 comunidades autónomas donde el nivel de desempleo está por debajo del 8% y se trata de una evidencia más de que teníamos razón, de que, a lo largo de la ominosa década de los recortes y de la austeridad, quienes defendían que había otra manera de orientar las políticas macroeconómicas tenían razón”, añadió.
LA ALTERNATIVA MÁS JUSTA
A su entender, “esa alternativa no solo era más justa, sino que también es más eficaz” y “transformar la estructura salarial de España, mejorar la posición del trabajo en las relaciones productivas y la redistribución de la riqueza no solo eran posibles, no solo responden a un ideal social más justo, sino que, además, es económicamente más productivo y más eficaz”.
Con todo ello, según su punto de vista, se ha demostrado que “estas reformas están actuando como motor de desarrollo económico en España. Que el principio de que una sociedad más justa, una sociedad más cohesionada, no es solo una sociedad más estable, sino también una sociedad más próspera”, algo que, dijo, “se está demostrando en la práctica, en los hechos y ese, por tanto, es el camino a seguir”.
“La reducción de la jornada, la redistribución de la riqueza, la ampliación de los derechos sociales, el fortalecimiento del Estado del bienestar no solo es el camino más justo a transitar para nuestras sociedades, también es la opción económicamente más sensata”, apostilló.
OSCURIDAD GEOPOLÍTICA
Junto a ello, alertó de que “vivimos en un tiempo de oscuridad geopolítica ante el que se nos pretende conminar a la resignación”. “Frente a la cronificación de los conflictos a nivel internacional, frente a la normalización o incluso la banalización de la violencia, del odio, de la injusticia, crece un coro de voces que parecen recetarnos que la manera de adaptarnos a este tiempo consiste, precisamente, en reducir nuestras redes de protección social, en derivar los recursos que dedicamos a nuestro Estado del bienestar a prepararnos para este tiempo oscuro, a invertir más en defensa, en la carrera armamentística, en una política más agresiva, más reactiva, más defensiva”, denunció.
En este sentido, consideró que “es justo lo contrario” y que “no es verdad que la protección social y el bienestar sean un lujo para tiempos tranquilos”, sino que “son la base sobre la que se han construido, precisamente, las décadas de paz, de prosperidad y de bienestar en Europa”.
En paralelo, hizo mención a la “invectiva organizada de milmillonarios, magnates y grandes multinacionales” que, según su criterio, “creen que pueden dictar cuáles son las normas que deben regir nuestras actividades económicas o incluso el funcionamiento de nuestras democracias; que las leyes tienen que adaptarse a sus modelos de negocio y a los intereses de sus fortunas y de sus empresas, cuando es exactamente al revés”.
“Lo hemos visto con las redes sociales y recientemente con las aerolíneas que, mientras multiplican sus beneficios en el corto plazo, pretenden chantajear, presionar o desafiar al Gobierno de España para que ceda ante sus intereses”, prosiguió, al tiempo que avanzó que el Ejecutivo “no lo va a hacer” y va a “mantenerse firme en la defensa del interés general y de ese ideal democrático que antepone, precisamente, los derechos de la ciudadanía al beneficio privado de unos pocos”.
DESMANTELAMIENTO DEL ESTADO DEL BIENESTAR
En este contexto, criticó que la “idea que quieren instalar” es que “preservar la seguridad, ya sea en términos económicos, militares o geopolíticos, tiene un precio a pagar y que ese precio es el recorte de los derechos de las mayorías sociales, el desmantelamiento del Estado del bienestar, el sacrificio de quienes están en una posición más vulnerable, a quienes incluso se les niega la existencia”.
“El señor Feijóo decía el otro día que la protección antidesahucios no ha beneficiado a nadie. No existen las familias vulnerables en España para el Partido Popular”, lamentó, al tiempo que insistió en que “es justo al revés” y en que hablar de la reducción de la jornada laboral y de una prestación universal por crianza “es defender esa idea de que solo las sociedades igualitarias y cohesionadas son sociedades seguras y sociedades que pueden prosperar”.
Para Bustinduy, “solo fortaleciendo ese horizonte democrático, esa base estructural del bienestar repartido de manera igual entre los ciudadanos del país, lo que quiere decir redistribuir el tiempo, el poder, los recursos, la renta, la riqueza, podremos afianzar un camino alternativo a esos tiempos oscuros que preconizan los adalides de la fuerza y del conflicto”.
Por estas razones, a su juicio, “es urgente actuar y es urgente seguir avanzando”, teniendo en cuenta, además, datos como que el año pasado se repartieron 40.000 millones de euros en dividendos en España y, “mientras tanto, se supone que deberíamos aceptar como normal que uno de cada tres niños, niñas y adolescentes en España vivan en riesgo de exclusión social o de pobreza”.
“¿Deberíamos aceptar esto como normal en la cuarta de economía de la zona euro, algo que, además, insisto, más allá de valoraciones morales y o políticas, supone una catástrofe económica para nuestro país?”, continuó, al tiempo que subrayó que la pobreza infantil en España “nos cuesta hasta cinco puntos del PIB cada año”. “El Estado recauda hasta 3.000 euros menos por cada persona en impuestos a causa de la pobreza infantil y tenemos la respuesta: una prestación universal”, incidió.
DOS PRINCIPALES PRIORIDADES
En declaraciones a los medios de comunicación previas a su intervención, Bustinduy agregó que la prestación universal por crianza y la reducción de la jornada laboral son “dos de las principales prioridades” que Sumar “defiende” en el gobierno y como espacio político.
Con relación a la que, recordó, será la “primera reducción de la jornada laboral en 40 años”, puntualizó que “va a suponer un hito histórico en la ampliación de derechos de las mayorías trabajadoras en España” y que permitirá “democratizar el tiempo, la riqueza y favorecer las condiciones de bienestar de las mayorías trabajadoras en España”.
Por último, en relación a la prestación por crianza, reivindicó que su adopción servirá para “acabar” con algo que tildó como algo “absolutamente inasumible e inaceptable”, como es que en España, “mientras 30 personas poseen más de 1.000 millones de euros cada una, convivamos con el hecho de que uno de cada tres niños y niñas estén en situación de riesgo de exclusión social o de pobreza”.
“Tenemos la herramienta para erradicar esta pobreza infantil, es una prestación universal por crianza; así lo vamos a defender en los Presupuestos Generales del Estado y estamos convencidos de que lo vamos a lograr”, sentenció.
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