MADRID, 04 (SERVIMEDIA)
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, admitió este viernes la urgencia de “poner orden” y “acabar” con la “impunidad” del “modelo de especulación y pelotazos inmobiliarios”.
Así lo aseveró en el marco de la reunión que mantuvo con el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, para abordar la situación de la vivienda en la capital tinerfeña a raíz de la iniciativa puesta en marcha por su cartera a través de la Dirección General de Consumo con el fin de controlar los anuncios de los alojamientos turísticos que operan sin licencia, tal y como precisó su gabinete en un comunicado emitido al término del encuentro.
El ministro recordó que esta publicidad podría suponer una práctica comercial desleal en base a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y, por tanto, podría ser sancionada, motivo por el cual la Dirección General de Consumo invitó a ciudades y municipios de toda España a sumarse a esta iniciativa por medio de una carta enviada el pasado mes de junio a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
El departamento de Bustinduy explicó, asimismo, que el Ayuntamiento de Santa Cruz ha mostrado su “interés” por esta iniciativa de Consumo, ya que la capital tinerfeña es una de las localidades con mayor afluencia turística en Canarias, que es, a su vez, la segunda comunidad autónoma de España con más plazas turísticas por habitante.
En este contexto, el ministro denunció que la “proliferación” de alojamientos turísticos sin licencia “está dificultando el acceso a la vivienda de mucha gente, sobre todo de los más jóvenes, y está expulsando de los centros urbanos a cada vez más vecinos y vecinas”, al tiempo que señaló que los anuncios de este tipo de viviendas son la “base de este negocio que está teniendo un impacto tan negativo en nuestras ciudades”.
CANARIAS
Según datos del Gobierno de Canarias, recogidos por Consumo, Tenerife es la isla del archipiélago con más plazas de viviendas vacacionales, con más de 80.000 alojamientos de este tipo, situación que, a juicio del gabinete que dirige Bustinduy, ha “disparado” los precios del alquiler residencial en Canarias, “especialmente” en sus dos capitales, donde las viviendas de uso turístico representan más del 70% de todas las plazas que se ofertan como vacacionales, siendo casi el 80% en Santa Cruz (77,4%), tal y como reflejan el Instituto Canario de Estadística y el Registro General Turístico.
Bustinduy recalcó que esta situación coloca a Canarias entre las comunidades con “mayores dificultades” para acceder a una vivienda asequible y “esto requiere de una intervención inmediata por parte de las administraciones públicas”, convencido de que “estamos ante una situación de emergencia”.
Por ello, el ministro volvió a pedir a los gobiernos autonómicos que apliquen la Ley de Vivienda para que diferentes ciudades y municipios puedan declarar zonas tensionadas y, de esta forma, poner límites a los precios del alquiler.
A este respecto, puso de ejemplo a Cataluña, la única comunidad autónoma que hasta ahora ha aplicado la Ley de Vivienda para declarar zonas tensionadas y cuyo Govern acaba de ofrecer datos que apuntan a una caída de entre el 3% y el 5% en los precios del alquiler en la región desde que se aplica esta norma, hace un año.
LA LEY DE VIVIENDA, UN PRIMER PASO
“Aplicar la Ley de Vivienda es el primer paso que debe darse, pero no el único”, reiteró, aludiendo a las medidas que se negocian en materia de vivienda dentro del Gobierno de coalición para los Presupuestos Generales del Estado.
En la misma línea, afirmó que los poderes públicos tienen que “ser capaces de garantizar un derecho tan fundamental como el de la vivienda digna” porque “los barrios son para quienes viven en ellos”.
“Hay que poner orden y acabar con la impunidad del modelo de especulación y pelotazos inmobiliarios”, resolvió.
Por su parte, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife urgió a “controlar” las plataformas de comercialización de alquiler vacacional “para que solamente puedan publicitar los alojamientos legales” y expresó su “preocupación” por el hecho de que “una parte importante” de este alquiler vacacional esté copada por viviendas sin licencia.
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